Mediante un pronunciamiento emitido después de la sesión, el colectivo de periodistas anunció que “frente a este retroceso” emprenderá acciones legales para impugnar esta reforma por su incompatibilidad con el principio de legalidad penal, con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y con los valores constitucionales que sostienen una sociedad democrática .
La organización se pronunció asimismo por un Estado que garantice la seguridad sin criminalizar el pensamiento ni penalizar la palabra, dado que “la libertad de expresión no es concesión del poder: es un derecho y lo defenderemos con toda la fuerza de nuestra palabra”.
Ni Uno Más Michoacán advirtió que la incorporación de la fracción IX al artículo 24, junto con la adición del artículo 163 quinquies y el nuevo Capítulo VII, bajo el título de “Provocación a cometer un delito y apología de éste o de algún vicio”, configuran “un tipo penal ambiguo y de interpretación expansiva que puede ser utilizado para vigilar, sancionar o inhibir las ideas, la crítica, así como el disenso social y político”.
Consideró riesgoso ubicar como culpables del delito a quienes “expresen ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentiven la criminalidad”, pues esos señalamientos carecen de un marco interpretativo objetivo y acotado.
“La redacción introduce términos vagos: ‘ideas’, ‘argumentos’, ‘cualquier medio’, ‘alusión’, ‘promoción’, que dejan al arbitrio de ministerios públicos y jueces la interpretación subjetiva de cuándo una expresión constituye una conducta delictiva”, dijo, tras señalar que “este tipo de lenguaje permite criminalizar el contenido discursivo sin atender al contexto, la intención comunicativa ni la finalidad social del mensaje, violentando así el principio de claridad normativa penal, piedra angular del Estado de Derecho”.
Aunque de última hora la Legislatura, con mayoría de Morena y sus aliados, añadió al dictamen una excepción de responsabilidad a quienes informen “en ejercicio de su profesión u oficio periodístico, atendiendo al derecho a la información”, artículo 163, la agrupación calificó esa redacción como “ambigua, insuficiente y tramposa”.
Lo anterior porque la adición limita la protección al ámbito noticioso tradicional, sin considerar que el derecho a la libertad de expresión, reconocido en tratados internacionales vinculantes como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se reduce al derecho a la información ni al ejercicio profesional del periodismo, sino que incluye a artistas, investigadores, activistas, creadores de contenido, académicos y cualquier ciudadano que difunde ideas en el espacio público.
Así también, la excepción subordina la protección al “derecho a la información”, excluyendo de facto otras formas legítimas de expresión no informativa, como el arte, la sátira, la denuncia, la memoria, la protesta, que resultan igualmente esenciales para la vida democrática.
Además, el procedimiento legislativo mediante el que fue aprobada la reforma fue opaco y apresurado: no hubo convocatoria pública a sesiones de la Comisión de Justicia, no se abrió un parlamento abierto ni se escucharon voces expertas, a pesar de que los coordinadores parlamentarios se habían comprometido públicamente a ello.
Los miembros del gremio periodístico repudiaron “el intento de camuflar esta reforma con el argumento de que busca combatir la apología del delito en los narcocorridos, pretendiendo hacer creer a la sociedad que las y los periodistas defendemos discursos que glorifican la criminalidad. Esta afirmación es falsa, ofensiva y busca desacreditar nuestras exigencias legítimas”.
Como periodistas, manifestaron, “rechazamos toda expresión que exalte la violencia, pero también afirmamos que no aceptaremos que se use ese argumento como caballo de Troya para justificar la censura. El verdadero problema no está en las canciones o los relatos, sino en la incapacidad del Estado para garantizar seguridad, educación de calidad, presupuesto para cultura y deporte, y una estrategia integral de prevención”.
Tras la protesta realizada por los periodistas, los legisladores trataron de realizar una “reunión exprés” con ellos, pero los inconformes se negaron a participar con el argumento de que “esta reforma, tramitada en apenas dos semanas, sin discusión pública ni técnica, exige una revisión jurídica de fondo, con participación de especialistas en derecho constitucional, derechos humanos, comunicación y libertad de expresión”.
Con información de Proceso.
