El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió que se anulará los resultados de las elecciones judiciales cuando se demuestre que un candidato ganador cometió delitos por violencia de género o es deudor alimentario.
Al cabo de un acalorado debate, una mayoría de ocho consejeros aprobó el acuerdo, que ordena la creación de un apartado en el sitio del INE para que “personas ciudadanas u organizaciones de la sociedad civil” puedan enviar información relacionadas con sentencias firmes contra candidatos.
El acuerdo elaborado por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, el INE se hará cargo de revisar las evidencias y abrirá un espacio para que los candidatos se defiendan de las acusaciones; en caso de determinar la veracidad de los delitos, el INE declarará la invalidez de la elección.
El acuerdo fue rechazado de manera tajante por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, quien aseveró que la iniciativa del bloque de magistrados mayoritario representa un “exceso en el ejercicio de atribuciones reglamentarias del instituto”, que “atenta contra la presunción de validez con la que el Senado de la República remitió los listados” de candidatos.
En el marco de la fractura que impera en el INE, entre el bloque minoritario –encabezado por Taddei– y el bloque mayoritario, la presidenta aseveró que “por más notables, nobles y compartidas que sean las causas que abanderamos, estamos ya en el desarrollo de las campañas electorales”, e insistió en que “por certeza y seguridad jurídica no podemos alterar las reglas de participación en este momento, pues se sentaría un mal precedente”.
Los consejeros que apoyaron el acuerdo reconocieron que se agrega esta modalidad a pesar de que las campañas ya arrancaron hace tres semanas, pero recalcaron que “los tiempos que hemos tenido para la organización de esta elección han sido muy acotados”.
La consejera Rita Bell López, quien por lo general acompaña a la presidenta Taddei en sus votaciones, aportó su voz al acuerdo, pues señaló que varias organizaciones han “hecho acusaciones directas de personas posiblemente que hayan cometido algún tipo de violencia contra las mujeres o deudores alimentarios”.
“Si el 3 de junio el INE tiene copias certificadas de sentencias firmes sobre condiciones prohibidas por la Constitución, no veo cómo el INE pueda evitar no declarar la validez de esa elección”, subrayó por su parte el consejero Uuc-kib Espadas Ancona.
Con información de Proceso.
