Con 22 votos de favor y 13 en contra, el Congreso de Yucatán aprobó la despenalización «a medias» del aborto por cualquier causal hasta la doceava semana de gestación, con lo cual se convierte en la entidad número 23 a nivel nacional en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Sin embargo, no se cumplió con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que no se obtuvieron los votos necesarios para modificar la Constitución Política local.
El artículo primero de la Carta Magna yucateca dice: “El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán”.
Este párrafo fue agregado durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco, (ahora diputada federal por MC), cuando era gobernadora y el Congreso era mayoría del PRI, al partido que pertenecía en ese tiempo.
Este párrafo no fue modificado debido a que de los 35 diputados que conforman la legislatura, 13 de ellos votaron en contra por parte de los legisladores del PAN, quienes se vieron presionados por la clase Pro-Vida en la entidad, y solo votaron 22 a favor por parte de Morena, Partido del Trabajo, PRI y Movimiento Ciudadano.
El dictamen de esta votación fue regresado a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, nuevamente para ser analizado por diputados.
Debate en el Congreso sobre el aborto
Desde el 22 de agosto 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en el que reiteró los criterios de sentencias anteriores y ordenó al Congreso local derogar los artículos que criminalizan de manera absoluta el aborto autoprocurado y consentido.
Al respecto, durante la discusión, la diputada Paola Rosales reconoció a todas aquellas mujeres que han luchado con valentía para lograr que hoy existe este derecho para las mujeres y señaló que gracias al amparo es que hoy se llevó a cabo esta discusión en el pleno.
Durante su intervención la diputada Larissa Acosta, señaló que esto no es un hecho aislado sino un patrón reiterado; en ese sentido mencionó que no solo se trata de que la maternidad sea deseada, sino de que cada embarazo pueda llevarse a cabo con dignidad.
«Despenalizar el aborto no es el final del camino, sino el inicio. El estado tiene la obligación de ofrecer atención psicológica aquí en lo solicite sin estigmas ni prejuicios. Sé que este es un tema muy complejo y que a muchos políticos le resulta más cómodo evitarlo pero si lo hacemos evitamos temas que beneficien a la ciudadanía y que no hay ningún tipo de debate», enfatizó.
Sin embargo, al continuar con la sesión, se pasó a leer el dictamen de las comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública, y la de Salud y Seguridad Social, en el que modificaba el Código Penal de Yucatán, en materia de despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación.
El dictamen reforma el Código Penal de acuerdo a lo mandatado por la SCJN permite el derecho a decir de las mujeres y las personas gestantes hasta las 12 semanas.
Asimismo, también plantea la definición precisa de aborto forzado y aumentando las penas para este delito, pasando de 3 a 8 años, a 5 a 10 años de prisión y en el caso de aborto forzado con violencia, pasando de 6 a 9 años a 9 a 15 años de prisión.
No obstante, la diputada morenista Clara Paola Rosales Montiel, presentó una modificación al dictamen, con el fin de que las mujeres que aborten no sean acusadas por el delito de homicidio en razón de parentesco.
“El dictamen emitido (…) el pasado 7 de abril del presente año para que se agregue al artículo 390 un párrafo que indique que, en caso de no acreditar el delito de aborto, este no podrá ser reclasificado por el delito de Homicidio de Razón de Parentesco o relación”, propuso la diputada Rosales Montiel.
Desde la tribuna, la legisladora explicó que la modificación responde a la problemática que se presenta cuando ciertos juzgadores, al no poder imputar el delito de aborto, pretenden reconfigurar la conducta típica por homicidio en razón del parentesco.
“Sin embargo, bajo el contexto de sí una mujer aborta por razones de salud o por estar en peligro su vida, o en situaciones en las que se considera que la gestación representa un grave riesgo para su bienestar, el acto no se debe de tratar como un homicidio, por último, no olvidemos a quienes el día de hoy están votando en contra de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar, no olvidemos que el Partido de Acción Nacional, hoy nos dio la espalda”, dijo Rosales Montiel.
Tras esto, la presidenta de la Mesa Directiva, Estefanía Baeza Martínez, pidió el voto de la modificación que fue aprobado por mayoría simple, y luego, se tomó la votación vía electrónica, en la que se muestra en la pantalla 22 votos a favor y 13 en contra, pero fue suficiente para que el abortó se legal, aunque, ahora el Código de Yucatán contradice a la Constitución Política local.
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— GIRE (@GIRE_mx) April 10, 2025
Con información de Milenio.
