Gerardo Gaya, fundador de Iluminemos por el Autismo, no oculta el sentimiento de frustración: “Nos hemos cansado como activistas haciendo actividades, foros legislativos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y tristemente no prosperan”.
Judith Vaillard, directora del Instituto Domus, organización pionera en el tema, resume la situación; “No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo derechos básicos. Porque las familias no pueden seguir siendo las únicas que sostienen lo que debería ser una responsabilidad compartida del Estado”.
Y, sin embargo, el trabajo para visibilizar los pendientes debe continuar, porque desde el Congreso las propuestas y los llamados de atención al gobierno federal y a las autoridades estatales siguen quedándose en el papel ante la insuficiencia presupuestal que reciben como respuesta y que, en opinión del diputado Éctor Ramírez Barba, se resume en falta de voluntad política.
Por eso, ante la pregunta de qué hacer para que desde el Poder Legislativo se genere la conciencia sobre la importancia de la inclusión para las personas con un Trastorno del Espectro Autista (TEA), el parlamentario les pide a los padres y a los niños “que vengan y tomen el Congreso de San Lázaro y que cierren el Congreso en el Senado, que tomen este día 2 de abril, que no dejen trabajar a nadie, para que pueda aparecer en los medios qué es lo están aclamando, porque son invisibles”.
Pero 10 diez años después, México sigue arrastrando 10 pendientes que con aquel ordenamiento se buscó realizar y que hasta ahora son letra muerta, de acuerdo con el seguimiento que del tema ha hecho el experimentado legislador:
Crear un registro nacional de personas con TEA; programas de apoyo y orientación psicológica para padres, tutores y familias de personas con TEA; fortalecimiento de la educación inclusiva; establecimiento de mecanismos para la detección temprana; garantía de acceso gratuito a servicios de salud; desarrollo de programas de inclusión laboral; funcionamientos de la Comisión Intersecretarial; asignación de presupuesto específico para implementar las disposiciones de la ley y sus programas derivados; expedición del reglamento de la ley; y armonización de leyes estatales con la ley general para garantizar una protección uniforme en todo el país.
Excelsior
