Coincidiendo con la entrada en vigor de los aranceles de la administración de Donald Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos analiza la demanda de México contra fabricantes armamentísticos a los que pide una indemnización por los daños que causan las armas del narcotráfico.
Tras escuchar los argumentos de las partes, el máximo tribunal estadunidense debe decidir si desestima o da curso a la demanda de México, que libra una guerra judicial contra ocho fabricantes de armas estadounidenses desde 2021.
Ese año demandó a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y al vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio «negligente e ilícito» alienta el narcotráfico y la violencia en el país.
Smith & Wesson e Interstate Arms recurrieron a la Corte Suprema para tratar que desestime la demanda. La indemnización pedida por México asciende a 10 mil millones de dólares.
En 2022, un juez desestimó el caso alegando que las reclamaciones de México tropezaban con la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), aprobada por el Congreso en 2005 y que exime a los fabricantes de armas de responsabilidad civil por el uso que los delincuentes hagan de sus productos. Pero una Corte de Apelaciones resucitó el caso, justificando que hay una excepción a la ley.
Excelsior
