El gobierno de Estados Unidos analiza si la pena de muerte es aplicable a seis de los 29 narcotraficantes recientemente entregados por México, entre los que destaca Rafael Caro Quintero. Esta medida se enmarca en las nuevas directrices de la administración de Donald Trump, quien ha impulsado un endurecimiento en la lucha contra el narcotráfico.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado en el que señaló que «muchos de los acusados fueron objeto de solicitudes de extradición de larga data de Estados Unidos que no fueron atendidas durante el gobierno del presidente Joe Biden, pero que el gobierno mexicano decidió transferir al actual gobierno de Estados Unidos en respuesta a los esfuerzos del Departamento de Justicia de conformidad con la directiva del Presidente Trump».
Entre estas directivas se encuentra la Orden Ejecutiva 14157, que designa a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, y la Orden 14164, que restablece la aplicación de la pena de muerte para ciertos delitos. Ambas medidas buscan fortalecer el combate contra el crimen organizado transnacional.
En el caso de Caro Quintero, cuya acusación se encuentra en el Distrito Este de Nueva York, las penas contempladas son cadena perpetua o pena de muerte.
Otros narcotraficantes que podrían enfrentar la misma suerte son José Rodolfo Villarreal Hernández, Vicente Carrillo Fuentes, Andrés Clark, Luis Geraldo Méndez Estevane y Aliso Martín Sotelo.
Reforzamiento de la pena de muerte en EU
La Orden Ejecutiva 14164 establece que «es política de Estados Unidos asegurar que las leyes que autorizan la pena capital se respeten y se apliquen fielmente».
Además, ordena al Fiscal General buscar la pena de muerte en todos los delitos de gravedad, en especial en casos que involucren el asesinato de un agente de la ley o crímenes cometidos por extranjeros en situación migratoria irregular.
Otra disposición clave de la orden es garantizar el suministro de medicamentos necesarios para la aplicación de la inyección letal en los estados que permiten la pena de muerte, una medida que había sido suspendida durante la administración Biden.
Organizaciones terroristas
La administración Trump también busca la designación de diversos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) o terroristas globales especialmente designados (SDGT).
Entre estos se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (CDN), La Nueva Familia Michoacana (LNFM), el Cártel del Golfo (CDG) y Cárteles Unidos (CU). También se incluyen organizaciones criminales extranjeras como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).
La fiscal general Pam Bondi emitió recientemente una guía en la que ordena la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales. Esta medida implica aplicar la pena de muerte a los líderes y administradores de estas organizaciones en los casos que lo ameriten.
Para los criminales de bajo nivel, se priorizará su deportación cuando carezcan de estatus migratorio legal. También se pondrá un énfasis especial en combatir el soborno transnacional que facilita las operaciones delictivas de los cárteles.
Reacciones a la extradición
El Departamento de Justicia destacó que la entrega de los 29 narcotraficantes fue una respuesta a sus esfuerzos por combatir el crimen organizado. Sin embargo, el comunicado omitió cualquier expresión de agradecimiento al gobierno mexicano.
Esta decisión coincide con una reunión entre autoridades mexicanas y funcionarios estadounidenses en Washington, en la que se acordó realizar acciones coordinadas contra el narcotráfico.
Uno de los principales objetivos de esta cooperación es reducir las muertes por fentanilo en Estados Unidos y frenar el tráfico de armas hacia México.
Excelsior
