En sus primeros días como fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi ha implementado cambios significativos en la política de pena de muerte a nivel federal. A través de un memorándum, ha levantado el moratorio sobre las ejecuciones federales, impuesto durante la administración de Joe Biden, y ha establecido nuevos criterios que priorizan la pena capital en casos específicos.
Fin del moratorio y nuevas directrices
El memorándum, emitido tras la llegada de Bondi al Departamento de Justicia (DOJ) el pasado 5 de febrero, permite reanudar las ejecuciones federales, algo que no ocurría desde 2021.
Además, establece que los fiscales federales deberán solicitar la pena de muerte con mayor frecuencia, particularmente en casos que involucren a inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves y a aquellos que asesinen a oficiales de policía.
Uno de los casos mencionados en el documento es el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, David Maland, ocurrido en Vermont durante un control de tráfico. También se menciona el caso de Debrina Kawam, una mujer que fue quemada viva en el metro de Nueva York, aunque aún no está claro si este crimen será considerado dentro de la nueva política federal.
Uno de los aspectos más impactantes de la nueva directriz es la orden de revisar todas las decisiones de no buscar la pena de muerte en casos federales entre el 20 de enero de 2021 y el 19 de enero de 2025, periodo que coincide con la administración Biden.
El Capital Review Committee del DOJ tiene 120 días para evaluar estos casos, con especial atención en crímenes relacionados con cárteles, organizaciones criminales transnacionales y delitos cometidos en territorios indígenas o bajo jurisdicción federal.
Según el memorándum, esta revisión tiene como objetivo garantizar que «los peores criminales enfrenten las consecuencias más severas», lo que podría derivar en la reapertura de procesos y la presentación de nuevos cargos con pena capital.
Otra medida clave impulsada por Bondi es el respaldo del DOJ a los estados que aplican la pena de muerte. Para ello, se garantizará el suministro de sustancias aprobadas para la ejecución, como el pentobarbital, facilitando así la implementación de las sentencias.
Excelsior
