A 16 días de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las entidades de la frontera norte se preparan para las deportaciones masivas con las que amaga el republicano. Entre las principales acciones está la implementación de albergues, pero también estrategias para dar trabajo a los recién llegados.
Los gobiernos de los estados fronterizos, así como organismos civiles y eclesiásticos, han iniciado con medidas para recibir la oleada migratoria —no sólo de mexicanos, sino también de otros países— que se prevé a partir del 20 de enero, día en que Trump llegará al cargo por segunda ocasión. Desde su campaña, marcada por un tono antimigrante, el entonces candidato republicano prometió llevar a cabo la mayor expulsión de migrantes ilegales de Estados Unidos, cuyo número asciende aproximadamente a 11 millones.
Por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de los puntos de mayor cruce de migrantes, las autoridades municipales indicaron que podrían utilizar estadios de beisbol para dar cabida a las personas deportadas.
En tanto, en Nuevo León, las casas que atienden a los migrantes también se preparan para conseguir trabajo a los deportados.
En Tamaulipas, líderes de organizaciones no gubernamentales expresaron su temor de un colapso en los albergues, así como un incremento en el número de secuestros de migrantes por parte del crimen organizado.
Estados esperan retorno de miles; temen colapso por deportaciones masivas
Autoridades y activistas afirman que si los regresos son “normales” estará todo bajo control, pero si no van a tener problemas de atención.
A 16 días de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las entidades de la frontera norte de México se alistan para las deportaciones de migrantes con las que amaga el republicano.
El arribo preocupa a autoridades de todos los niveles de gobierno. El pasado jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que tiene un plan para la protección de connacionales que sean retornados al país, de concretarse el amago de Trump. Sin embargo, no ha detallado dicha estrategia.
Por ello, los gobiernos de los estados fronterizos, así como organismos civiles y eclesiásticos han comenzado con acciones como la implementación de albergues, ante la oleada de personas que se prevé a partir del 20 de enero, no sólo mexicanos, sino también de otros países.
En Tamaulipas ya existen acuerdos para los sitios que se emplearán como albergues, mientras que el gobernador Américo Villarreal Anaya dio a conocer que en Ciudad Victoria se habilitaron las instalaciones del Centro de Atención y Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, con la capacidad de 125 personas, pero que se puede ampliar hasta 200.
Por su parte, los líderes de organizaciones no gubernamentales expresaron su temor de un colapso en los albergues, así como un incremento en el número de secuestros de migrantes por parte del crimen organizado.
El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que en caso de deportaciones normales la alcaldía está preparada, pero si son masivas seguramente serán rebasados.
En Nuevo León, las casas que dan atención a migrantes se están preparando y reinventando, pues, además de darles refugio, se preparan para conseguir trabajo a los retornados.
En Coahuila, el gobierno estatal abrirá cuatro albergues con capacidad para atender a siete mil personas, dando prioridad a los mexicanos.
En Tamaulipas temen que los migrantes no sean víctimas de la delincuencia organizada, por lo que piden poner atención al respecto. En la mayoría de los albergues, tanto públicos como privados, se prevé contar con atención médica, psicológica, comida y también abren la posibilidad de dar ofertas de trabajo para los connacionales que vuelvan al país.
Con información de Excélsior
