En Australia se dictaminó que no se puede obligar por ley a los migrantes a llevar brazaletes electrónicos de seguimiento ni a cumplir con toques de queda.
La decisión es un golpe para el gobierno, cuyos abogados han argumentado sin éxito que las leyes que imponen toques de queda y tecnología de seguimiento están justificadas para proteger a la comunidad.
Cinco de los siete jueces del Alto Tribunal dictaminaron que las estrictas restricciones impuestas a más de 100 migrantes, generalmente debido a sus antecedentes penales, eran inconstitucionales porque las condiciones equivalían a un castigo.
La Constitución establece que el castigo debe ser impuesto por los jueces, no por los legisladores.
Castigo impuesto a migrantes
Las restricciones formaban parte de leyes de emergencia aprobadas apresuradamente en diciembre en respuesta a otro fallo del Alto Tribunal que determinó que ya no podía detenerse de forma indefinida a personas sin ciudadanía como alternativa a la deportación.
Ese fallo en el caso de un hombre rohinya apátrida revirtió un precedente del Alto Tribunal emitido 28 años antes, que permitía la detención indefinida cuando había preocupaciones de seguridad.
El fallo del miércoles implica que el gobierno ya no puede rastrear electrónicamente a las más de 200 personas sin ciudadanía y con antecedentes penales que fueron liberadas y, por diversas razones, no pudieron ser deportadas.
El Ministro del Interior, Tony Burke, dijo que presentaría una propuesta de ley al Parlamento el jueves que “permitirá un proceso ajustado para que se utilicen dispositivos de monitoreo electrónico y toques de queda”. No detalló esos ajustes.
“La decisión del tribunal no es la que el gobierno quería, pero es una para la que el gobierno se ha preparado”, dijo Burke en un comunicado.
“La seguridad y la protección de la comunidad australiana siempre serán la máxima prioridad para este gobierno”, agregó.
El último caso del Alto Tribunal fue presentado por un hombre apátrida de 36 años, identificado como YBFZ, nacido en Eritrea. Su familia inicialmente huyó a Etiopía porque temían ser perseguidos en su tierra natal por ser Testigos de Jehová, y llegaron a Australia como refugiados en 2002.
Su visa de refugiado fue cancelada en 2017 debido a condenas que incluían robo y causar lesiones por imprudencia, dentro de un historial delictivo que se extendía más de una década. Estuvo detenido hasta 2023, cuando el Alto Tribunal prohibió la detención indefinida.
El abogado de YBFZ, David Manne, describió el veredicto del miércoles como una “gran victoria” para las libertades fundamentales y el estado de derecho en Australia.
“Esta es una decisión importante porque subraya el principio fundamental de que para todos, ya sean ciudadanos o no ciudadanos, el gobierno no tiene el poder de castigar a las personas despojándolas de sus derechos fundamentales a la libertad y la dignidad”, dijo Manne a los periodistas.
Con información de AP News.
