La Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 2 de la Constitución para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Después de nueve horas de discusión y tras avalar el proyecto por unanimidad en lo general con 492 votos, la Mesa Directiva ordenó turnarlo al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Los legisladores de Morena y sus aliados celebraron la aprobación de la reforma, mientras la oposición saludó el avance de los cambios constitucionales.
Pero sostuvo que la deuda histórica con los pueblos originarios sigue pendiente en tanto no se garantice mayor presupuesto para salud, educación, vivienda y desarrollo económico, entre otros conceptos.
¿Cuál es el objetivo de la reforma al artículo 2?
La reforma reconoce la composición de México como nación pluricultural y multiétnica, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.
Eleva asimismo a rango constitucional el derecho de las comunidades a la consulta libre, previa, informada culturalmente adecuada y de buena fe respecto a medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones e impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo.
Además, fortalece el reconocimiento a los sistemas normativos y especificidades culturales de los pueblos para decidir sus formas internas de gobierno y elegir autoridades, resolver conflictos internos, promover las lenguas indígenas y practicar la medicina tradicional.
En materia de acceso a la justicia, se obliga a las instituciones jurisdiccionales a garantizar el derecho de las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística.
Al fijar la posición de Morena a favor del dictamen, la diputada Irma Juan Carlos sostuvo que el corazón de la reforma es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
“Se reconoce así su capacidad para tomar sus propias decisiones de manera colectiva sobre su destino, administrar los recursos públicos, ejecutar sus obras comunitarias y participar en la vida pública como entes colectivos en ejercicio de su libre determinación y autonomía, con pleno derecho a sus culturas, con pleno respeto a su forma de gobierno y sistemas normativos que detonará un cambio profundo, pues ahora serán los pueblos quienes tendrán en sus manos las riendas de sus vidas y sus destinos”, dijo.
Por el PAN, la diputada Genoveva Huerta sostuvo, sin embargo, que la deuda con los pueblos originarios no solo no se ha saldado, sino incluso se ha acrecentado.
“En México radican 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, quienes en su conjunto representan más de 25 millones de personas, de las cuales, al iniciar este gobierno, poco más de 10 millones padecían alguna carencia, ya sea en educación, en salud, en vivienda, en seguridad social, servicios básicos o de alimentación. Cuatro años después había aumentado a más de 11 millones”, indicó.
En representación del PRI, Leticia Barrera remarcó que no se trata de dar caridad o dádivas a las comunidades indígenas, sino de hacerles justicia.
Con información de Milenio.
