En México, casi 4 de cada 10 personas privadas de la libertad (37.3%) no tienen una sentencia formal que respalde su encarcelamiento, según datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del Inegi. Esta situación afecta desproporcionadamente a las mujeres, con un preocupante 46.9% encarceladas sin sentencia, comparado con el 36.7% de los hombres en la misma situación.
La prisión preventiva, que en 4 de cada 10 casos no está justificada, representa un desafío para los derechos humanos y contribuye a la sobrepoblación carcelaria en México, según la UNDOC. Aunque ha habido una ligera disminución del 42.1% en 2021 al 37.3% en 2023, la prisión preventiva oficiosa sigue siendo un factor crítico, aplicada en el 44.3% de los casos, incluyendo delitos considerados «graves».
Este escenario plantea interrogantes sobre la efectividad y la justicia de la prisión preventiva, especialmente en delitos donde su aplicación automática no ha mejorado la seguridad ni reducido la impunidad en el país.
Información de la mano con El Economista
