Los foros y diálogos para la reforma al poder judicial convocados por MORENA y realizados en el teatro de la República contaron con la exposición de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, quien presentó datos sobre lo costoso que es el poder judicial para el erario, una de las razones por las cuales se está revisando la actual reforma:
«Este año nuestro país está erogando de su presupuesto 78 mil millones de pesos para el poder judicial. Esto es lo que cuestan 7 secretarias de estado».
En el desglose de costos, la ministra apuntó que la suprema corte cuesta 5 mil 700 millones de pesos, el consejo de la judicatura federal que incluye a todos los tribunales colegiados y juzgados de distrito cuesta 68 mil 900 millones de pesos, y el tribunal electoral está costando 3 mil 600 millones de pesos. Todo esto, anualmente.
Otro de los argumentos que presentó la ministra fue que en varios casos las resoluciones del poder judicial han afectado a la población pero incluso a estados como es el caso de Puebla donde se resolvió indemnizar a la empresa Melgarejo Construcción y concesiones a pesar de no haber entregado la obra del libramiento poniente de la ciudad.
También se expuso que el voto popular para elegir ministros no es algo nuevo en nuestro país, y se retomó el antecedente de que en 1857 se hizo la elección primaria de ministros donde Benito Juárez fue electo primer ministro de la suprema corte de justicia de nuestro país.
Batres también enfatizó que en la reforma propuesta no se toca los derechos de los trabajadores, y que incluso se establece en el artículo décimo transitorio del decreto propuesto que únicamente se estaría sometiendo a revisión el sueldo y actuar de los ministros, y no de los trabajadores.
Por Sergio Pérez