La exportación de aguacate michoacano a Estados Unidos enfrenta una grave crisis, provocada por la incitación al paro de policías estatales y comunidades indígenas, incluyendo Aranza, municipio de Paracho. Estos grupos bloquearon carreteras, retuvieron vehículos y personas, entre ellos inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Productores y empacadores señalan a la diputada local Margarita López Pérez y a Jorge Vázquez Díaz, excoordinador de comisarías regionales, como los responsables de incitar a los elementos y a las comunidades. López Pérez reaccionó al despido de sus dos hijos, quienes cobraban sin trabajar en la SSP Michoacán, mientras que Vázquez fue despedido tras seis años de cobrar sin laborar en la dependencia.
Vázquez y Pablo Alarcón, ahora director operativo de la Policía Municipal de Morelia, son acusados de la masacre del 5 de abril de 2017 en Arantepacua, donde murieron un adolescente, un enfermero y dos carpinteros. Ambos actuaron por cuenta propia, ordenando irrumpir y disparar contra la población sin autorización superior.
Alarcón ha sido captado en video llevando víveres a policías en paro, mientras que Vázquez ha incitado a la violencia a través de audios en WhatsApp. La diputada López Pérez, con antecedentes de agresividad, también ha amenazado a personal que se resiste a manifestarse.
La incitación al paro por parte de políticos y comunidades indígenas desencadena la crisis
Un productor de Tancítaro reclamó la impunidad de estos personajes, señalando el daño causado a miles de familias. López Pérez, legisladora plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México, insultó a los policías de Michoacán tras el despido de sus hijos y su colaborador, quienes cobraban sin trabajar en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
López Pérez, líder de un colectivo de madres buscadoras, se ha confrontado con otras organizaciones de búsqueda de desaparecidos, generando molestia entre los familiares de las víctimas por la falta de entrega de cuerpos. La diputada también ha amenazado a quienes fueran sus escoltas, tras la retirada de su seguridad por mal uso del mecanismo de protección.
El 31 de mayo, sus hijos Alejandro y Juan Carlos Bahena López, y un colaborador, fueron dados de baja como elementos en activo de la SSP, tras descubrirse que cobraban sin trabajar.
Información de la mano con El Universal
