El 1 de febrero de 2024, las autoridades mexicanas rescataron a 18 menores de edad víctimas de explotación laboral en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán. Los menores realizaban labores agrícolas en una huerta de arándanos, evidenciando la cruda realidad del trabajo infantil en el país.

Cerca de 3.7 millones de menores de entre cinco y 17 años están trabajando, la mayoría en condiciones precarias, con largas jornadas y bajo esquemas que restringen sus derechos básicos.

Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, recordándonos la urgente necesidad de erradicar esta problemática que afecta gravemente a la niñez y adolescencia en las comunidades más vulnerables.

A pesar de que México ha firmado convenios internacionales comprometiéndose a reducir y eliminar el trabajo infantil, los resultados han sido insuficientes. Las desigualdades estructurales están profundamente arraigadas en la explotación de menores, especialmente en zonas rurales, entre la población migrante y en el sector agrícola.

Una de las cifras más preocupantes es la duración de las jornadas laborales de estos menores. Según la ENTI, el 15% de los menores en situación de trabajo infantil laboran más de 48 horas a la semana, superando incluso lo permitido por la ley para los adultos.

Esta situación no solo afecta la salud física y mental de los menores, sino que también impacta negativamente en su educación, desde el rezago escolar hasta el abandono total de los estudios. Tres de cada 10 niños y adolescentes en situación de trabajo infantil no asisten a la escuela, siendo más frecuente la inasistencia escolar en niños (42.7%) que en niñas (32.8%).

¿Qué es el trabajo infantil?

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil incluye:

“toda actividad laboral que los niños son demasiado jóvenes para realizar y/o el trabajo que, por su naturaleza o condiciones, es probable que dañe su salud, seguridad o moralidad”.

La OIT señala que “la mayoría de los niños que trabajan lo hacen porque sus familias dependen de su salario, producción o trabajo doméstico para llegar a fin de mes”.

Las crisis económicas familiares y la pérdida de uno de los padres pueden aumentar las probabilidades de que un niño tenga que trabajar. En este contexto, las transferencias directas del gobierno a las familias pueden ser fundamentales para prevenir el trabajo infantil.

La protección social universal es esencial para erradicar el trabajo infantil en todas sus formas. Garantizar a los niños una vida sin violencia, acceso a la educación, salud y recreación es indispensable en este esfuerzo.

Información de la mano con El Economista