El panorama legal para la explotación laboral en México ha cambiado drásticamente. A partir de este mes, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ha entrado en vigor una reforma crucial a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.
Anteriormente, la explotación laboral se configuraba únicamente por condiciones peligrosas y sin protección, cargas de trabajo desproporcionadas a la remuneración, y salarios por debajo del mínimo. Sin embargo, la nueva reforma amplía el alcance del delito para incluir jornadas laborales que exceden el límite legal establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Oficialmente, las jornadas que sobrepasen las 48 horas semanales o las horas extras permitidas, que no deben superar las tres diarias ni las nueve semanales, ya se consideran explotación laboral.
Este delito será castigado con penas de tres a 10 años de prisión y multas que van de los 5,000 a los 15,000 días de salario mínimo.
En casos que afecten a personas de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, las sanciones pueden aumentar hasta 12 años de cárcel y multas de hasta 70,000 días.
Carlos Ferran Martínez, socio director de Ferran Martínez Abogados, subraya que la reforma no criminaliza el trabajo extra per se, sino el abuso de horarios prolongados sin la debida compensación.
La STPS destaca que las infracciones más comunes en las inspecciones laborales son las jornadas extendidas y la falta de pago por tiempo extra.
Con esta reforma, el Congreso de la Unión busca equilibrar el mercado laboral, protegiendo a los trabajadores de abusos y garantizando condiciones laborales justas.
Información de la mano con El Economista.
