Julian Assange tendrá la posibilidad de apelar contra su extradición a Estados Unidos, al que pedía garantías sobre el trato que recibiría el fundador de Wikileaks.
El 26 de marzo los jueces británicos pidieron a las autoridades estadounidenses que garanticen que el australiano, de 52 años, podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte.
Pero las garantías presentadas por Estados Unidos, en el primero de los puntos, no lograron convencer este lunes a los dos magistrados del Tribunal Superior de Londres, después de que la justicia hubiera concedido la extradición a Estados Unidos en junio de 2022.
Edward Fitzgerald, abogado defensor, aceptó las garantías del gobierno estadounidense de que Assange no sería condenado a la pena de muerte, pero cuestionó si su cliente podría confiar en la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que cubre la libertad de expresión y la libertad de prensa.
James Lewis, que representaba al gobierno de Estados Unidos, dijo que la conducta del australiano «simplemente no estaba protegida» por la Primera Enmienda.
Según Lewis, esta Primera Enmienda no se aplica a nadie «en relación con la publicación de información de defensa nacional obtenida ilegalmente, indicando los nombres de fuentes inocentes por su grave e inminente riesgo de daño».
Assange, que no estuvo presente en la audiencia por su delicado estado de salud, se enfrenta en Estados Unidos a 175 años de prisión por publicar desde 2010 más de 700,000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, particularmente relacionadas con Irak y Afganistán.
Los abogados defensores se abrazaron cuando los jueces anunciaron el fallo.
«Este día marca un punto de inflexión»”, afirmó la mujer del australiano, Stella, en el tribunal.
Amnistía Internacional calificó el fallo como «una rara noticia positiva para Julian Assange y todos los defensores de la libertad de prensa».
El «intento de Estados Unidos de procesar a Assange pone en riesgo la libertad de prensa en todo el mundo. Ridiculiza las obligaciones de Estados Unidos según el derecho internacional y su compromiso declarado con la libertad de expresión», afirmó Simon Crowther, asesor jurídico de Amnistía.
Con información de Excélsior.
