El presidente Gustavo Petro advirtió que en el próximo periodo de sesiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para denunciar al Estado colombiano por impedir la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Petro anunció que “el presidente de la República va a tener que ir en persona a la ONU para decir que definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. No puedo decir mentiras”.
El presidente ecuatoriano alertó sobre las consecuencias de incumplir un acuerdo del cual es garante, entre otros, la ONU.
“El Estado colombiano perderá credibilidad ante el mundo, no sólo ante los señores armados con los que se firmó la paz”, dijo.
Además del Consejo de Seguridad, son garantes del pacto de paz de 2016 Noruega, Cuba, México y Venezuela, países que acompañaron durante más de cinco años las negociaciones celebradas en La Habana.
Ante la inquietante situación sobre la denuncia de Ecuador a Colombia, el politólogo Horacio Duque recordó que los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018), firmante del acuerdo, y de Iván Duque (2018-2022) no sólo incumplieron lo pactado sino que se dedicaron a destruir su contenido, en el caso de Duque ejecutando al pie de la letra lo anunciado durante la campaña electoral de que “harían trizas” el tratado de paz.
“La idea que transmite el presidente Petro con su anuncio es que hay un bloqueo institucional, un Estado secuestrado por los grandes poderes tradicionales que se interponen a cualquier asomo de reformas porque están acostumbrados a vivir de la guerra”, comentó a La Jornada Duque.
El excomisionado de paz Danilo Rueda consideró que al presidente le asiste la razón cuando pone en evidencia el cerco que los viejos enemigos de la paz han tendido para dificultar la ejecución del pacto de 2016 y consideró que es hora de pensar en una restructuración de lo acordado para “poner el acuerdo a tono con las nuevas realidades del país cuyo gobierno ha elevado el asunto de la paz a una política de Estado”.
Con información de La Jornada.
