El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aceptó este lunes la existencia de una «situación compleja y sin precedentes» tras la irrupción policial ordenada por su Gobierno a la Embajada de México en Quito el pasado viernes, para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción y que se encontraba en esa legación con goce de asilo político.
No obstante, aseguró que tuvo que tomar «decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes o narcoterroristas».
Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia, y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos.
El gobernante defendió su decisión de irrumpir el viernes por la noche en la legación mexicana, argumentando que no podía correr «el riesgo de una inminente fuga».
«No podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves», expresó Noboa.
Más temprano la canciller Gabriela Sommerfeld dijo en una entrevista con el canal Teleamazonas que su país está abierto a «restablecer relaciones» con México.
México rompió sus canales diplomáticos con Ecuador el sábado después del asalto policial a su embajada en Quito para detener a Glas, quien se encontraba en la legación en calidad de refugiado desde diciembre.
Sommerfeld reconoció que «ambos países fueron afectados», pero que «Ecuador recibió una provocación, reiterados incumplimientos».
Y consideró que lo «más grave» fue la declaración del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en la que «cuestiona la legitimidad de las últimas elecciones, cuestiona nuestras elecciones libres, democráticas y sobre todo cuestiona un luto nacional que hasta el día de hoy lo llevamos», refiriéndose al asesinato del candidato presidencial centrista Fernando Villavicencio en vísperas de los comicios de agosto de 2023.
La abogada de Glas, Sonia Vera, dijo a la AFP que su defendido fue «secuestrado» durante el asalto a la legación y que espera que se «restablezca la condición de asilado diplomático» al exfuncionario del exgobernante socialista Rafael Correa (2007-2017).
Fuente: N+
