El Poder Judicial de la Federación (PJF) brindó medidas de seguridad sólo a una quinta parte de los integrantes de juzgados y tribunales que se lo solicitaron el año pasado.
El primer informe de labores de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señala que se analizaron 242 asuntos en materia de seguridad respecto a servidores públicos que enfrentaron situaciones de riesgo con motivo del ejercicio de sus funciones.
De ese total, detalla, a 54 magistrados, jueces, secretarios, defensores de oficio y otros funcionarios judiciales se les resolvió asignarles alguna medida de seguridad.
Por protección de los propios beneficiarios, el Consejo de la Judicatura Federal no detalla qué medidas provee a sus empleados en riesgo, pero se ha reportado que éstas consisten en vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano.
Se ha tenido comunicación directa y permanente con juezas y jueces y magistradas y magistrados a fin de conocer sus necesidades en materia de seguridad y atenderlas con oportunidad, optimizando así los recursos materiales destinados a la protección de las personas servidoras públicas y su entorno laboral”, señala.
Algunos casos recientes de jueces federales asesinados son el de Vicente Antonio Bermúdez, baleado en octubre de 2016 cerca de su casa, en Metepec, Estado de México. También el de Uriel Villegas Ortiz, víctima de un ataque armado dentro de su domicilio, en la ciudad de Colima, el 17 de junio de 2020.
Excelsior
