Con una reforma constitucional, se propuso prohibir definitivamente la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarros electrónicos o vapeadores.
A la vez que busca agregar en dicha prohibición a los “precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”.
También, plantea establecer de manera explícita que queda “vedada la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad para la producción” de ambas sustancias tóxicas.
Reforma de artículos
Luego de mantener por cuatro años, distintos decretos y medidas para prohibir la venta de cigarros electrónicos, en la veintena de iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer a la Cámara de Diputados, propone modificar los artículos 4º y 5º constitucionales al advertir que estas sustancias han generado en el mundo miles de casos graves y muertes.
En el caso de los vapeadores, se explica que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó la presencia de sustancias altamente tóxicas para el consumo humano que no son reportadas por los fabricantes.
Por ello, pueden generar problemas respiratorios por la inflamación del tejido pulmonar, lo que puede derivar en “el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares graves, no vistas hasta ahora en personas fumadoras de cigarrillos combustibles”; así como problemas cardiovasculares con riesgo de infartos y cáncer.
Sobre el fentanilo, se recalca que representa “una seria amenaza a nivel mundial” cuya producción, distribución y comercialización se ha incrementado en el mundo.
En la iniciativa se indica: “Queda prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”.
Durante 2020, el gobierno federal emitió un decreto para prohibir la importación de cigarros electrónicos, y tras amparos promovidos para impedir su efecto, se reiteró la medida en Ley General para el Control de Tabaco.
No obstante, en octubre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que la fracción que impide la comercialización de vapeadores, era contraria a la libertad de comercio, al principio de igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.
Con información de La Jornada.
