Nicaragua solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que les sea autorizado intervenir en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel por supuestas violaciones a la Convención sobre Genocidio de la ONU durante su guerra en Gaza.
«Como Estado Parte de la Convención contra el Genocidio, Nicaragua tiene la obligación de prevenir el genocidio y cooperar con tal fin con las demás partes contratantes», detalla una nota de prensa difundida por medios oficialistas.
La anterior señala que la solicitud fue presentada por el embajador de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, Carlos Argüello.
Si la CIJ acepta su solicitud, Nicaragua participaría «como un Estado parte sobre el fondo del asunto, y no como un simple participante en la interpretación de la Convención«, al señalar que con esto buscan reflejar su compromiso con «la liberación del pueblo palestino y de la humanidad en general del flagelo del genocidio«.
el gobierno nicaragüense reiteró su llamado a que Israel ponga «fin de inmediato a su asalto militar contra el pueblo palestino».
Deterioro de los Derechos Humanos
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta múltiples cuestionamientos de la comunidad internacional por la situación de los derechos humanos en el país.
En septiembre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reportó un «amplio y continuo deterioro» de tales derechos, citando largas penas de prisión dictadas sin juicio, falta de independencia del sistema de justicia, así como la deportación, privación arbitraria de la nacionalidad y prohibición de regresar a su propio país a nicaragüenses, y una extensión del control del gobierno sobre organizaciones de la sociedad civil, ONG internacionales, universidades y medios de comunicación.
El gobierno ha rechazado todas las críticas y las atribuye a campañas para desestabilizar al régimen.
Nicaragua es uno de los Estados Parte de la Convención contra el Genocidio, y la CIJ permite que si un Estado considera que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir.
En diciembre, el gobierno de Sudáfrica presentó el caso contra el Estado de Israel.
Israel ha argumentado que la guerra en Gaza es en defensa propia, que combate a Hamás y no a los palestinos, y que los líderes del gobierno no han exhibido intenciones de cometer un genocidio.
El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó la presentación de Sudáfrica como una “acusación falsa”.
Por otra parte, México y Chile pidieron la semana pasada a la Corte Penal Internacional (CPI) ―un tribunal independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)― que investigue posibles crímenes de guerra cometidos en Gaza.
Los gobiernos de Cuba, Bolivia, Colombia, Brasil y Venezuela también se han pronunciado en apoyo la acción emprendida por Sudáfrica.
Con información de CNN.
