Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió una suspensión para frenar la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Además de la entrega de más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La Corte dio a conocer que el ministro admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de oposición que buscan que no sean extinguidos los fideicomisos y los recursos.
Se trata de las acciones 214/2023 y su acumulada 220/2023, la primera de estas presentada por senadores y la otra por diputados.
“Se concede la suspensión solicitada por las diversas senadoras y senadores, así como determinadas diputadas y diputados del Congreso de la Unión, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído. La medida cautelar surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, detalla el extracto del acuerdo.
El 21 de noviembre, el pleno de la Corte desechó por notoriamente improcedente la petición de la Consejería Jurídica de la Presidencia, con la cual se buscó declarar impedido al ministro Laynez Potisek de conocer las acciones de inconstitucionalidad.
El ministro Laynez Potisek dijo que no se encontraba impedido para conocer del recurso que también impugna la entrega de más de 15 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación.
Dejó claro que no existía algún argumento para considerar que su imparcialidad pueda ser objetada en este asunto.
Por unanimidad, el pleno consideró que no existía impedimento legal para que el ministro se dedique al estudio de la acción de estas acciones.
Días antes Elizabeth Trejo Galán, jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva a la Asociación de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito, la cual impugnó el Decreto legislativo que ordena la eliminación de los fideicomisos.
La medida cautelar también congeló por tiempo indefinido la desaparición de los fideicomisos y la entrega de los recursos.
Debido a que el decreto impacta a toda la estructura del Consejo de la Judicatura, la juzgadora emitió el acuerdo con efectos generales, lo cual implica que los fondos de dichos fideicomisos seguirán aplicando para cumplir con su objeto y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará en una vez que se emita sentencia.
Con información de Milenio.
