La Asamblea Nacional de Ecuador declaró responsable del delito de malversación al expresidente, Guillermo Lasso (2021-2023).
Esto durante la votación final del juicio político que el entonces mandatario interrumpió hace seis meses al disolver la cámara y forzar la convocatoria de elecciones generales extraordinarias.
Tras reinstalarse después de los comicios, la Asamblea siguió adelante con el juicio político pese a que ya no había opción de destituir a Lasso, que dejó el cargo hace una semana a su sucesor, Daniel Noboa.
El Legislativo ecuatoriano consideró fundada la acusación de peculado contra el conservador Lasso con 116 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones, decisión que quedó refrendada en una segunda votación de reconsideración.
Con esta votación culmina un largo juicio político con el que la oposición pretendía sacar del poder a Lasso en este proceso que emprendió la oposición, liderada por el correísmo y el conservador Partido Social Cristiano (PSC).
Estas dos fuerzas impulsaron el juicio político contra Lasso después de que saliera a la luz una presunta trama de corrupción en empresas públicas encabezada aparentemente por su cuñado, el empresario Danilo Carrera, y con uno de sus integrantes con presuntos nexos con una mafia del narcotráfico.
la Corte Constitucional sacó este caso de la acusación en el que se imputaba un presunto delito de concusión y solo dejó el de peculado, referente a unos contratos firmados por la flota petrolera estatal que presuntamente causaron “un perjuicio al Estado en favor de terceros”, según la resolución aprobada por la Asamblea.
La nueva composición de la Asamblea tras las elecciones volvió a dejar al correísmo y al PSC como dos fuerzas dominantes en el hemiciclo y reanudaron el juicio político a Lasso, que antes de la disolución del Legislativo tenía un grupo muy minoritario y ahora no cuenta con ningún representante de su partido CREO.
La resolución aprobada por el pleno de la Asamblea ecuatoriana se tomó después de que interviniesen 67 asambleístas, de los que 39 intervinieron el 16 de mayo, antes de la aplicación de la ‘muerte cruzada’, y 27 entre este miércoles y jueves, tras la reanudación de la sesión.
El documento que puso a votación a la asambleísta correísta Viviana Veloz rechazó “las actuaciones del expresidente Lasso de utilizar la figura de la ‘muerte cruzada’ durante el proceso de juicio político para eludir su responsabilidad política y posible censura y destitución; lo cual constituye un precedente nefasto contra la democracia”.
Asimismo, ordenó notificar de la decisión de forma inmediata al expresidente y también a la Fiscalía y a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) “para que en el marco de sus competencias inicien los respectivos procesos de investigación y control, toda vez que los hechos materia de esta acusación política hacen presumir el cometimiento de una infracción penal”.
