Un grupo armado amenazó con asesinar a la Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, y a su hija.
El grupo exigió que deje el cargo, desde el cual ha procesado por corrupción a altos funcionarios, entre ellos al expresidente, Rafael Correa.
En redes sociales circula un vídeo en el que aparecen seis hombres con los rostros cubiertos y portando fusiles y ametralladoras.
Uno de los encapuchados advierte: “ya vas a cumplir años, no quiero arruinarte tu fiesta matándote a tu hija porque antes de matarte te hago llorar y sufrir”.
La Fiscalía declaró que la amenaza llegó al teléfono de Salazar en la madrugada del jueves. En 2017 Salazar también había recibido amenazas, pero no de esta magnitud.
En un comunicado la Fiscalía rechazó “todo acto de amedrentamiento” e hizo un llamado a la ciudadanía, al Estado y a la comunidad internacional “a mantenerse vigilantes ante todo intento de tomarse esta institución por cualquier vía y a cualquier costo”.
No se puede tolerar que “grupos criminales y sus actos terroristas amenacen la vida de una autoridad del Estado y pretendan el control de las instituciones de justicia”, publicó en Twitter el presidente Guillermo Lasso.
También destacó que el Estado tiene que alinearse en la defensa democrática de las instituciones. “Mi apoyo y solidaridad con la Fiscal General… la policía dará toda la protección necesaria”, añadió.
Esa fuerza informó que “ha dispuesto que las mejores unidades de investigación trabajen junto con Fiscalía para dar con los responsables de estas amenazas”.
Salazar denunció esta semana “intentos desesperados” por sacarla del cargo por parte del Consejo de la Judicatura, el organismo administrador de la justicia, y el Consejo de Participación Ciudadana presidido por Alembert Vera, abogado de Correa en varios casos de corrupción.
Ni la constitución ni las leyes en Ecuador permiten que la Judicatura o el Consejo fiscalicen o sancionen a la Fiscal General.
Salazar sostiene que la persecución en su contra está impulsada por quienes buscan impunidad, se encuentran privados de la libertad o prófugos de la justicia en referencia a Correa, a su ex vicepresidente Jorge Glas, recién salido de prisión por casos de corrupción; al encarcelado ex contralor del Estado, Pablo Celi; al ex Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, también en prisión por abuso sexual y otros altos funcionarios del gobierno de Correa (2007-2017) procesados durante su gestión al frente de la Fiscalía General.
Con información de AP News.
