La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó que el próximo 6 de junio acudirá a la sede de la Fiscalía de la Nación (general) para ser interrogada como parte de la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron en su país durante las protestas antigubernamentales desarrolladas entre diciembre y marzo pasado.
En un oficio enviado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Boluarte sostuvo que su intención es contribuir a “esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible”.
Confirmo mi participación en la fecha indicada”, añadió el documento difundido este martes por medios locales, tras lo cual indicó que ha decidido no utilizar la prerrogativa de que su declaración sea tomada en el Palacio de Gobierno y acudirá “presencialmente a la Fiscalía de la Nación”.
La mandataria remarcó, sin embargo, que solo ofrecerá su declaración ante la fiscal general, Patricia Benavides, porque “es la única autoridad competente en las investigaciones de altos funcionarios del Estado peruano de acuerdo a ley”.
“Ratifico mi vocación de contribuir con la presente investigación para esclarecer los hechos, a fin de que, la ciudadanía obtenga paz y justicia, por lo que, a pesar de la inmunidad presidencial consagrada en el artículo 117 de la Constitución, confirmo mi participación en la citada diligencia”, concluyó.
La Fiscalía citó inicialmente a Boluarte para este 31 de mayo aunque luego, a pedido de la gobernante, cambió la fecha de su declaración para el próximo 6 de junio.
La presidenta aseguró el pasado viernes que acudirá a la sede del Ministerio Público para responder a “cada una de las preguntas de la fiscal” y que no se va a acoger al derecho a guardar silencio porque, según dijo, “la primera persona que quiere sabe qué pasó con los fallecidos (…) es Dina Boluarte”.
La Fiscalía de la Nación anunció el inicio de las pesquisas preliminares contra la gobernante y varios de sus ministros y exministros el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Boluarte ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de resolución una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del presidente del primer ministro, Alberto Otárola.
En las pesquisas también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Perú.
Con información de López-Dóriga
