Por graves violaciones al procedimiento legislativo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por mayoría de nueve votos contra dos, el máximo tribunal del país declaró la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, impulsadas por el Presidente.
Dado que no fue necesario referirse al fondo del asunto, el presidente López Obrador o los legisladores del bloque afín al gobierno federal podrían volver a presentar una iniciativa con estas mismas reformas de ley, aunque ahora, de querer que sean legitimadas deberán seguir el procedimiento legislativo adecuado y los tiempos quizá no alcance para su aplicación en la elección presidencial de 2024.
«Esta Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, en mi opinión, sus integrantes procuramos hacerlo dentro del marco que la propia Constitución nos impone conforme a nuestro leal saber y entender y con alto espíritu de servicio, me parece que ahí radica no sólo el equilibrio de los Poderes de la Unión sino también nuestra serenidad ante infundios y rumores.
«Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros, celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación», expuso en su pronunciamiento la ministra Margarita Ríos-Farjat.
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