La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó que el Ejército y la policía peruana habría cometido masacres, ejecuciones extrajudiciales que son graves violaciones de los derechos humanos.
Además de un uso desproporcionado y letal de la fuerza durante las protestas que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los miembros del Congreso.
La presidenta en una conferencia de prensa rechazó la “supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacres, aun cuando se mencione de manera condicional”.
CIDH señaló que estas violaciones ocurrieron en varias zonas de Perú, pero enfocó su investigación en las ciudades de Ayacucho y Juliaca, donde se produjeron la mayor cantidad de muertos durante las manifestaciones ocurridas entre diciembre y febrero.
La comisión mencionó que el 15 de diciembre en Ayacucho al ser “perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.
Aquel día soldados del Ejército dispararon contra manifestantes que intentaban ingresar al aeropuerto de Ayacucho provocando la muerte de 10 civiles por proyectiles de arma de fuego en órganos vitales.
También el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó que el 9 de enero en la ciudad de Juliaca murieron 18 civiles “en circunstancias que podrían ser caracterizadas como una masacre”.
“Todos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen de las víctimas”.
La CIDH destacó que las protestas “han sido protagonizadas, en su mayoría, por pueblos indígenas y comunidades campesinas”, principalmente del sur, teniendo su epicentro inicial en Apurímac, Ayacucho, Puno y Arequipa.
El informe indicó que en la base de la protestas “hay justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación política”.
La presidenta Boluarte dijo en una conferencia que el informe usa conjugaciones condicionales como “‘habría’, ‘podría’, debido a que los miembros de la CIDH no han podido llegar a conclusiones porque sólo vinieron dos veces a Perú por un tiempo total de apenas cinco días”.
El primer ministro Alberto Otárola añadió que el gobierno y la democracia lograron conjurar una asonada y “lo que tenemos hoy día es un país con paz y tranquilidad y el siguiente paso es el de la reconciliación nacional”.
Las masivas protestas en Perú empezaron poco después de que Boluarte reemplazó en la presidencia al ahora encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido el 7 de diciembre por el Parlamento tras intentar disolver el Legislativo sin lograrlo e instaurar un gobierno de facto.
Con información de AP News.
