La nueva Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada dentro de la sesión del Senado en una sede alterna, centraliza las decisiones del desarrollo académico en México, esto de acuerdo a los intereses del gobierno federal en turno, aseveró la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca.
Señaló que, si bien la ley construye un consejo conformado por el CONACYT, las 13 secretarías de estado, la CNDH y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no se incluye al resto de centros públicos de investigación, a universidades públicas y mucho menos a universidades o centros privados.
Así mismo, resaltó que se elimina la meta del 1% del PIB nacional para invertir en ciencia y tecnología, aunque establece un presupuesto mayor al del año inmediato anterior, lo que no garantizaría la suficiencia del recurso.
Por otra parte, esta ley adjudica la propiedad intelectual de las investigaciones financiadas por el CONACYT a este mismo instituto, sin tomar en cuenta la participación de otros actores o instituciones que también hayan aportado recursos, pues muchas veces hay aportaciones múltiples.
Afirmó que la universidad estará generando y participando en diversos espacios, junto con la comunidad académica a nivel nacional, para conocer las implicaciones de la ley y así tomar decisiones sobre alguna posible impugnación.
Por Alan García
