La pretensión fallida del Congreso de Oaxaca, de eliminar la paridad para los pueblos que se rigen por usos y costumbres resultó contraproducente para quienes querían frenar la incorporación de las mujeres en la vida política.
Porque el hecho de que los legisladores hubieran retrasado la aplicación de ese principio constitucional para las comunidades indígenas no hizo más que profundizar el empuje de las organizaciones que salieron a protestar por la discriminación de la que eran víctimas.
El activismo de las inconformes involucró a las diputadas federales de diversos partidos de esa entidad, quienes acompañaron a las afectadas, tanto en la denuncia del atropello del que dijeron padecer como en la celebración de la sentencia que a su favor la Suprema Corte estableció hace una semana.
Diputadas de Morena y del PT hicieron un llamado a las autoridades y al Congreso de Oaxaca para que asuman en todos sus términos la resolución de los ministros que declararon inconstitucional el haber suspendido el principio de paridad en la representación política de los pueblos que se rigen por usos y costumbres.
Acompañadas de legisladores de ambas bancadas, la petista Margarita García y la morenista Beatriz Pérez López lamentaron el retroceso que implicó para las mujeres de las comunidades indígenas esa medida que se adoptó en septiembre anterior y que la SCJN ya desechó.
Alertaron las diputadas que en los cabildos de los pueblos originarios la participación femenina ha puesto en jaque al machismo al señalar casos de abuso y corrupción.
La modificación legislativa aprobada en septiembre incorporó un transitorio que pospuso la paridad que, originalmente, debía cumplirse en 2023 en los 417 ayuntamientos que se rigen por usos y costumbres.
Excelsior
