El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cesó a casi medio centenar de miembros de las Fuerzas Armadas que se desempeñaban en funciones de seguridad del Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, evidenciando aún más la desconfianza que ya expresó tras el asalto de las instituciones.
Entre los cesados están cuarenta militares de las Fuerzas Armadas que se desempeñaban en un departamento de la Secretaría General de la Presidencia que se encarga de la seguridad de la residencia oficial y otros que hacían parte del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), uno de los organismos más señalados tras los ataques del pasado 8 de enero en la Explanada de los Ministerios.
La decisión del presidente Lula evidencia los recelos que ya manifestó en relación a la connivencia que habrían mostrado ciertos sectores de las fuerzas de seguridad y los militares con la turba de seguidores de Jair Bolsonaro, afirmando que estaba seguro de la presencia de “cómplices” en aquellos hechos violentos.
Las sospechas de Lula se extienden a gran parte de su gabinete y del Partido de los Trabajadores (PT), donde incluso han puesto en tela de juicio la gestión del ministro de Defensa, José Múcio, uno de los cuestionados en esta crisis por no haber actuado antes contra los campamentos de bolsonaristas que se levantaron frente a las sedes del Ejército y en los que se pedía un golpe de Estado.
La idea de Lula y la primera dama, Rosângela ‘Janja’ Silva, es instalarse en el Palacio de la Alvorada a finales de enero, a su vuelta de su viaje oficial, el primero, a Argentina. Después de una primera inspección de las instalaciones, denunciaron el mal estado en el que se encontraba la residencia oficial, con goteras, ventanas rotas y alfombras y sofás en mal estado.
