La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes podría abrir una constancia de los adultos qué obstruyan la atención de menores en situación de calle, lo cual puede servir para iniciar un proceso jurídico por vulnerar sus derechos, afirmó la directora del DIF municipal, Gabriela Valencia.
Esto debido a que sí han reportado casos en los que los padres o tutores de las niñas y niños en esta condición no les permiten recibir atención por parte de la institución, lo que indirectamente los mantiene en una situación vulnerable.
La directora precisó que, en un primer momento, personal de la Procuraduría y del DIF sólo realizan un acercamiento de manera empática para explicar las bondades de los centros de atención para niñas y niños, ayudando así a que tengan un entorno seguro.
Señaló que, tras una primera negativa, el acta seguirá su curso dentro de la Procuraduría y puede darse vista a otras instancias, pues la afectación de los derechos de la infancia puede incluso tipificarse como un delito, pasando a un proceso administrativo o escalando a etapas jurídicas más severas.
Alan García
