En enero de 2017, cuando vieron llegar camiones con tubos, material de construcción y maquinaria pesada cerca del ejido Villahermosa, los agricultores de Mexicali, capital de Baja California, en el norte de México, bloquearon la carretera.
Protestaban porque en esa tierra seca, con lluvias muy inusuales y temperaturas que rozan los 50 grados centígrados en verano, se construiría un acueducto con recursos públicos para una planta que produciría cerveza con destino exclusivo al mercado estadounidense. Para ellos, la empresa Constellation Brands les quitaría la poca agua que riega sus cultivos.
Su temor estaba bien fundado: la fábrica en cuestión implicaba el consumo anual de 20 millones de metros cúbicos de agua. En su opinión, eso no era buena noticia, aunque anunciara la inversión de 1,500 millones de dólares y prometiera la creación de 750 empleos directos en una ciudad de cerca de un millón de habitantes.
Entre los manifestantes estaba Rubén Pérez Rojas. El acueducto de casi 47 kilómetros empezaría en su parcela hasta llegar al ejido Choropo. Temía que le expropiaran ese terreno de 20 hectáreas donde había sembrado trigo.
Meses más tarde se unirían a las protestas más activistas y productores, entre ellos Luis Rosales Ramírez, agricultor del ejido Michoacán, cuya parcela también padece los estragos de la sequía. En su última cosecha de trigo, a mediados de 2022, según contó, perdió 26 de las 120 toneladas que le garantizarían el sustento de su familia y la nueva siembra. La causa: el agua de riego le llegó a destiempo.
Fue tanto el inconformismo que, ante la petición de los pobladores de Mexicali, la administración de Andrés Manuel López Obrador se involucró en el conflicto. Como solución, organizó una consulta popular el 22 de marzo de 2020, en la que los ciudadanos rechazaron a la cervecera con el 76.1 por ciento de los votos. La obra ya tenía 65 por ciento de avance. Y aunque el resultado no era vinculante, el gobierno federal anunció un plan de “salida ordenada” de la multinacional y la mudanza de su planta al estado de Veracruz, en el sur de México, en un término de 24 meses, porque allá “hay mayor disponibilidad de agua”.
Hoy, cuando faltan tres meses para que se venza el plazo, Constellation Brands se aferra legalmente a mantener los dos títulos de concesión de agua que quedaron a nombre de su filial BC Tenedora Inmobiliaria S. DE R.L. DE C.V desde 2019. Para ello se amparó contra una resolución de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entidad que regula el uso de las aguas nacionales en México, en la que declaró la extinción de las concesiones; es decir, que ya habían vencido.
Para dar cumplimiento a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, entre 2017 y 2019, Constellation Brands cedió a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), de manera gratuita, los derechos de agua de uso agrícola que había adquirido mediante la compra a ejidatarios de la región. La destinataria es el organismo operador de agua en Mexicali y depende del gobierno de Baja California.
Al mismo tiempo, firmó un contrato con esa entidad en el que la ciudad se comprometió a darle 7 millones de metros cúbicos anuales para la construcción de la planta y su operación en la primera etapa. Más tarde, en agosto celebraron un “contrato de adhesión para la prestación del servicio de agua potable, por un volumen máximo de 15 litros por segundo”.
El argumento de la cervecera de escudarse en el resultado de la consulta para no pagar la multa contradice su actuación en 2020, cuando pese a la votación y a que le faltaban algunos permisos continuó construyendo la planta. Esto le valió otra multa del municipio de Mexicali por 43,440 pesos (2,182 dólares al tipo de cambio de diciembre de 2020).
La disputa legal se da pese a que Constellation Brands aceptó las 300 hectáreas que le facilitó la administración de López Obrador cerca del puerto de Veracruz para mudar allí el proyecto; en esa zona del sur de México, también tiene 17 títulos de concesión para extraer 3,972,355 metros cúbicos de agua, de acuerdo con los datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). A pesar de que el presidente anunció desde el 22 de abril de 2022 que se inició la construcción de la planta en aquel estado, hasta octubre la compañía no había pedido autorizaciones para adelantar un proyecto cervecero, según respuestas a solicitudes hechas para esta investigación.
