La Fiscalía General de la República (FGR) notificó al ex fiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco González Arredondo, que ejercerá su facultad de atracción en la carpeta de investigación que la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua inició en su contra por el delito de tortura.
De acuerdo con un oficio que le fue comunicado directamente a González Arredondo en el Centro de Readaptación Social “Aquiles Serdán” ubicado en la capital de Chihuahua, la FGR dio un plazo de 24 horas a la Fiscalía del Estado para que le entregue una copia de todas las actuaciones que se han realizado en la causa penal que se judicializó contra González Arredondo.
González Arredondo fue vinculado a proceso y sometido a prisión preventiva por el delito de tortura psicológica, derivado de tres testimonios rendidos en su contra y la aplicación de un Protocolo de Estambul que fue impugnado por su defensa.
El oficio está firmado por el Fiscal Especializado en Investigación del Delito de Tortura, Juan Carlos Chávez Jiménez, de acuerdo con el expediente FGR/FEMDH/FEIDT/4054/2022 correspondiente a la facultad de atracción.
La determinación de la FGR se da luego de que la defensa del ex fiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco González Arredondo, solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que asumiera su competencia en el caso de las presuntas torturas psicológicas que le imputan a González Arredondo tres testigos protegidos que fueron ex colaboradores del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
El abogado Iker Ibarreche agregó que la decisión de renunciar a la apelación obedece a que no hay garantías de que las autoridades de justicia de Chihuahua actúen con imparcialidad y puso como ejemplo la actuación de la jueza Hortencia García, quien se dedicó a corregir los errores del Ministerio Público para poder dictar el auto de vinculación a proceso.
Advirtió que el papel de los jueces es actuar con imparcialidad y conducir los debates entre las partes, principio que se violó en la audiencia de vinculación a proceso de Francisco González Arredondo, ya que la jueza suplió todas las deficiencias que existían en las imputaciones del Ministerio Público.
Incluso, recordó que fue la propia jueza quien invocó la Ley General de Tortura para justificar la competencia de la Fiscalía de Chihuahua en la imputación por tortura, ya que el Ministerio Público de la Fiscalía de Chihuahua había invocado leyes locales que no se aplicaban para el caso.
