El diputado local por Morena, Christian Orihuela, presentó una iniciativa de ley para establecer de 10 a 15 años de prisión y una multa de hasta 96 mil pesos a quienes tengan centros de rehabilitación irregulares.
La reforma brinda facultades a la Secretaría de Salud estatal para denunciar ante la Fiscalía General del Estado los centros que no están regulados.
Lo anterior, ante la falta de una ley tanto estatal y municipal para regular estos servicios, lo que ha provocado una falta de información sobre los métodos que se llevan a cabo dentro de estos, así como las personas que están anexadas.
El legislador morenista denunció que en el estado de Querétaro ha habido, al menos, 4 fallecimientos por métodos de tortura que se realizan al interior de estos centros.
Recordó que el 90 por ciento de los anexos en la entidad no cuentan con las acreditaciones necesarias.
«El motivo de esta reforma es para buscar la sanción penal en contra de quien opere establecimientos que brinden y ofrezcan actividades de tratamiento, atención, reinserción social en temas de adicciones con atención residencial en el estado sin apego a los reglamentos, normas y de más relativos aplicables en materia de adicciones».
Posterior a la presentación de la iniciativa, denunciaron el asesinato de Marco Antonio Bautista, joven de 20 años que fue golpeado hasta provocarle un traumatismo craneoencefálico dentro de un centro de rehabilitación en el municipio de El Marqués.
A un mes de este hecho, acusaron a la Fiscalía General del Estado por omisión.
Agustín Murillo
