El diputado local, Manuel Pozo, dio a conocer que, posterior a una revisión por el Poder Judicial del Estado, realizarán modificaciones a la iniciativa de ley para aumentar penas ante el delito de robo de inmobiliario público.
Uno de los principales problemas que identificaron con esta reforma es el robo de tapaderas de alcantarillas, por lo que se buscará castigar a todo el que compre algún inmueble público de dudosa procedencia, siendo este objeto el principal comercializado.
Lo anterior, al explicar que la actual ley establece una sanción solo a quien «a sabiendas» de que el objeto es robado lo adquiera para su comercialización, acción que es difícil de comprobar por parte de las autoridades.
«Se sanciona a quienes reciben con ánimo de lucro producto robado; con un origen ilícito, pero hay una condición en la prescripción del tipo penal que dice que es a sabiendas de que es robado, por lo que es muy difícil acreditar la intención del comprador»
Recordó que, uno de los principales problemas es la falta de denuncias por este delito, lo que complica el registro de una estadística en cuanto a los casos presentados en la entidad.
Por último, Manuel Pozo apuntó que esta propuesta se encuentra en la Comisión de Administración y Procuración de Justica, la cual preside el legislador Guillermo Vega.
Agustín Murillo