Japón extendió el estado de emergencia por COVID-19 hasta finales de mes por la todavía delicada situación hospitalaria, pero con vistas a relajar restricciones a finales de año, cuando se espera que la mayoría de la población esté vacunada.
En su primera rueda de prensa tras anunciar que no concurrirá a la reelección como presidente de su partido ni en las elecciones generales que han de celebrarse antes de finales de noviembre, Yoshihide Suga explicó que pese al descenso de los contagios, los casos graves siguen altos y la disponibilidad hospitalaria no es la óptima.
El descontento público con la gestión de la pandemia durante su Administración ha sido un clave en la caída de su popularidad.
El estado de emergencia que afecta actualmente a 21 de las 47 prefecturas de Japón iba a concluir el domingo, pero el Gobierno ha decidido extenderla hasta el 30 de septiembre para 19 provincias, entre ellas Tokio, las áreas colindantes, Hokkaido, Osaka, Aichi y Fukuoka.
Los expertos que asesoran al gobierno sobre la gestión del virus recomiendan que para levantar la alerta la tasa de ocupación de camas de hospital no supere 50 por ciento, y que la cifra de contagios, casos graves y personas recuperándose en casa estén disminuyendo, unas condiciones que no se cumplen en su totalidad, señaló Suga.
En este escenario, el primer ministro japonés dijo que las medidas deben continuar por el momento mientras sigue la vacunación.
“La situación ha cambiado completamente con la vacunación y hemos podido luchar contra el virus de forma estratégica”, aseguró.
El número de casos de COVID-19 en el archipiélago casi se triplicó en semanas recientes, “pero hemos reducido en 60 por ciento las muertes” gracias a las vacunas y su alta administración entre los mayores de 60 años, de aproximadamente 90 por ciento, añadió el mandatario.
Los contagios diarios de COVID-19 alcanzaron un pico de más de 25 mil casos a mediados de agosto, pero desde entonces han estado disminuyendo y se sitúan actualmente en torno a la mitad.
Aún así, la presión sobre los hospitales sigue siendo considerable en las zonas más densamente pobladas del país, con una estructura sanitaria basada en clínicas de tamaño pequeño y mediano, privadas en su mayoría y temerosas de aceptar a pacientes de coronavirus, y que atraviesa un serio problema de mano de obra sanitaria.
La medida tiene también como objetivo reducir el movimiento de gente de cara a unos festivos a finales de mes.
López Dóriga Digital
