El 24 de agosto, tras esperar cinco meses en la violenta ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez para una audiencia de asilo en Estados Unidos, Elida, una migrante guatemalteca, decidió enviar a su hijo Gustavo -discapacitado de 12 años de edad-, a Estados Unidos… solo.
Elida temía por su seguridad en México, luego de que un extraño intentó quitárselo. Otros migrantes le dijeron que, como niño no acompañado, Gustavo sería detenido por agentes de inmigración de EU y luego entregado a su abuelo, que vive en Carolina del Sur.
Lo llevó a un parque cerca del puente que conecta a Ciudad Juárez con la ciudad texana de El Paso, le dio su certificado de nacimiento, le metió en la ropa trozos de papeles con los números de teléfono de su familia, se despidió de él y lo vio caminar hacia Estados Unidos.
La familia de Gustavo cuenta que el mismo día su abuelo recibió una llamada; pensaron era una buena noticia: el niño estaba en Estados Unidos y las autoridades querían la dirección de la familia.
Pero en ese momento, Gustavo desapareció. No hubo más noticias sobre su paradero.
Elida, de 44 años, atormentada por la culpa, ahora estaba presa del pánico.
Una semana después, un blog de noticias guatemalteco publicó que Gustavo estaba bajo la custodia del Gobierno de Guatemala.
La historia es emblemática de lo que, según activistas de los derechos de inmigración de Estados Unidos, es un nuevo sistema opaco y caótico que el Gobierno del presidente Donald Trump ha implementado para expulsar a los migrantes, incluidos los niños no acompañados, durante la pandemia.
Por una orden sanitaria de emergencia emitida en marzo, EU ha expulsado a por lo menos 2 mil niños menores de 18 años no acompañados sin darles la oportunidad de solicitar asilo, pasando por alto protecciones de larga data de las leyes estadounidenses.
24 Horas
