La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos circulares en que se da a conocer dos inhabilitaciones a Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., por 24 y 27 meses, respectivamente, así como de dos multas, que suman más de dos millones de pesos, a la misma empresa.
La SFP recordó que el pasado 17 de abril se le adjudicó de forma directa un contrato a la empresa —misma que no produce insumos médicos—, con la justificación de que había una necesidad urgente de atender a enfermos de Covid-19 en Hidalgo.
Cabe mencionar que la compañía Cyber Robotics Solutions es propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.
Afirmó que las oportunas acciones de la Secretaría evitaron cualquier daño patrimonial al Estado y revelaron que la contratación se sustentó en falsedades, esto debido a:
- El precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Así quedó demostrado por la compra, en el mismo momento, de equipos similares a otra empresa por un precio mucho menor, así como por el costo de los equipos adquiridos recientemente por la Cancillería y otras entidades del Gobierno federal.
- La supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación. De hecho, los equipos jamás fueron utilizados en la entidad, así que la justificación de “entrega inmediata” resultó insostenible.
- La empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados. Los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación, y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia.
- Ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio IMSS.
Mencionó que como resultado de una visita de verificación realizada el pasado 7 de mayo de 2020, el IMSS se vio obligado a devolver los equipos al proveedor, lo cual evitó el daño patrimonial al Estado.
“En estricto apego a la legalidad y garantizando el debido proceso para todos los involucrados, el gobierno actúa y sanciona todas las infracciones cometidas, incluso sin que se hubiera consumado ningún daño al erario”.
Además de las irregularidades cometidas por la empresa sancionada, la Secretaría también investiga la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados al proceso de adquisición.
Dada la relevancia de las presuntas faltas que se imputan en el contexto de la contingencia sanitaria, la SFP ordenó como medida cautelar —en estricto apego a las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas— la inmediata suspensión de cuatro servidores públicos investigados, adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo.
Se informó que ya se han concluido todas las etapas procesales de este procedimiento administrativo y próximamente se emitirá la resolución sancionadora correspondiente.
“Con las acciones anunciadas hoy por la Función Pública se demuestra con hechos que la transformación de México y su cruzada contra la corrupción avanza con buen paso y que en esta lucha no hay intocables ni perseguidos”, señaló la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, al respecto.
“Ya no se permite el contubernio entre intereses públicos y privados que durante el neoliberalismo causaron la profunda y vergonzosa desigualdad económica, la violencia y la degradación de lo público”, aseveró.
Detalló que a lo largo de la pandemia se han supervisado más de dos mil procesos de contratación en el sector Salud y se continuará con esta revisión escrupulosa para asegurar que la emergencia no sea utilizada como pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México.
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