Las diputadas locales Abigail Arredondo y Karina Careaga presentaron una iniciativa para homologar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público estatal, con el fin de evitar que funcionarios y proveedores que hayan sido sancionados o estén siendo investigados por actos de corrupción, no puedan participar en contratos públicos.
“Decidimos tener el mejor marco jurídico y actualizarlo, el cual tiene que ver con las licitaciones y el padrón de proveedores que existe, para que participen de manera directa en algún ente público y dar certeza a la ciudadanía en cuanto a la transparencia en todo este sistema anticorrupción”. Comentó la coordinadora del grupo parlamentario del PRI, Abigail Arredondo Ramos.
Dentro de esta armonización, se establece que cualquier persona física o moral que haya sido sancionada o inhabilitada por actos de corrupción, no puedan participar en nuevos procedimientos de licitación y contratos públicos, por lo cual, uno de los requisitos para acceder a estos trámites será el no estar sujeto a un proceso sancionador por este delito.
Así mismo, se añade que toda persona física o moral que haya sido sancionada e inhabilitada por actos de corrupción quede suspendida del padrón de proveedores durante el tiempo que dure su sanción, la cual va de 3 meses a 8 años.
Las legisladoras enfatizaron el beneficio que trae dicha iniciativa, ya que garantizar que los contratos no se realicen de manera corrupta.
Por último, dieron a conocer que, conforme a la información brindada por la Secretaría de la Función Pública, alrededor de mil 550 empresas y proveedores han sido inhabilitados a la fecha a nivel nacional.
Agustín Murillo
