Indicó que el Ejido tiene planteado un juicio agrario con el estado, en el que reclama una indemnización, en tanto con el municipio se tienen pendientes de administración pasadas que este gobierno se comprometió a cumplir.
Ante dichos acuerdos, explicó que una nueva interrupción de la obra derivaría en uso de la fuerza pública.
«El acuerdo que así tuvimos es que no entorpecerán la realización de la obra y que si así lo hace alguien, nos veremos en la penosa necesidad del uso de la fuerza pública (…) los compromisos son vivienda, pies de casa, licencias de funcionamiento, en fin», apuntó.
El funcionario reiteró que los compromisos que hizo el municipio con la agrupación tienen que ver con la regulación de locales en la zona del ejido, otorgamiento de licencias de funcionamientos, necesidades en vivienda y pies de casa.
