El sistema de administración y procuración de justicia es responsable de la impunidad en los feminicidios, delito que registró 976 casos en México el año pasado.
Ésta es la denuncia que diputadas de diversos partidos han hecho esta Legislatura, a través de 23 iniciativas que buscan incrementar el castigo a dicho delito, que no prescriba y se homologue para que en todo el país sea castigado bajo el mismo parámetro.
Actualmente, los principales sospechosos de este crimen son esposos, novios, parejas, familiares y conocidos, quienes escapan de un sistema de justicia que investiga, penaliza y castiga con una mirada machista, desde la cual se considera normal y socialmente aceptada la violencia contra las mujeres.
Presentadas desde septiembre de 2018, las iniciativas denuncian que ante la falta de un tipo penal único, las cifras sobre asesinatos de mujeres son maquilladas en los Ministerios Públicos al no registrar como feminicidios casos donde la víctima murió por razones de género, hubo violencia sexual o antecedentes de maltrato; relaciones sentimentales previas, amenazas, incomunicación de la víctima o exhibición del cuerpo, entre otras características.
El contenido de estas iniciativas es la base de las propuestas que el Grupo de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados presentará al fiscal Alejandro Gertz, con el objetivo de diseñar un planteamiento conjunto.
Dan lucha legislativa contra el feminicidio
Diputadas de todas la fuerzas políticas impulsan que las penas por este delito alcancen de 65 hasta 100 años de prisión.
En 2019 se registraron oficialmente en México 976 feminicidios, delito en el que Veracruz, Estado de México, la CDMX, Nuevo León y Puebla concentran el mayor número de víctimas.
Cifras de organizaciones civiles reportan que fueron dos mil 833 mujeres asesinadas. Y de ahí surge el promedio de que cada día mueren diez.
La historia se repite: los principales sospechosos son sus esposos, novios, parejas, familiares o conocidos, quienes escapan de un sistema de justicia que investiga, penaliza y castiga con una mirada machista, desde la cual se considera normal y socialmente aceptada la violencia de los varones hacia las mujeres.
Esa es la denuncia que diputadas de diversas fuerzas políticas han hecho en la presente legislatura, a través de iniciativas que señalan al sistema de administración y procuración de justicia como responsable de la impunidad frente al creciente feminicidio.
Se trata de 23 proyectos de reforma a diversas leyes y que buscan incrementar el castigo por ese delito, que sea imprescriptible, así como su homologación para que en todas las entidades del país sea considerado como tal y castigado bajo los mismos parámetros.
Ese paquete de iniciativas resume el quehacer parlamentario de los últimos 18 meses y su contenido es la base de las propuestas que el Grupo de Igualdad Sustantiva —encabezado por la presidenta de Cámara de Diputados, Laura Rojas— presentará en la mesa de trabajo que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, les ofreció integrar el pasado martes 11 de febrero.
El fiscal se comprometió con ese grupo, integrado por legisladoras de todas las fuerzas políticas, a diseñar en lo que reste de este mes una propuesta conjunta.
Por parte de las diputadas se busca elevar los castigos a los feminicidas y garantizar que la investigación de los casos se realice con perspectiva de género.
Presentadas desde septiembre de 2018 que inició la presente legislatura, las iniciativas denuncian que ante la falta de un tipo penal único, las cifras de los asesinatos de mujeres son maquilladas en los Ministerios Públicos, donde éstos no se registran como feminicidios en los casos en que se priva de la vida a una mujer por razones de género y en los que se establecen las circunstancias de signos de violencia sexual, antecedentes de maltrato, relaciones sentimentales previas, amenazas, incomunicación de la víctima o exhibición del cuerpo de la víctima, entre otras.
Actualmente, la pena para el feminicidio es de 40 a 60 años de prisión. Pero, en diversas propuestas a cargo de MC, los diputados Arturo Pérez Negrón y Angéles Moreno Medina (PES), Lidia García Anaya (Morena) y María Marú Mejía (PT), se busca reformar el artículo 325 del Código Penal para incrementar la pena a 65 años de prisión e incluso 100 años, e incrementar el castigo cuando la víctima esté embarazada.
Excelsior
