CIUDAD DE MÉXICO.
Padres del colegio Enrique Rébsamen esperan que antes de concluir su presidencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el próximo 15 de noviembre, Luis Raúl Pérez González, resuelva la queja que interpusieron por las omisiones de las dependencias federales y locales, como la Secretaría de la Marina, en el rescate de las personas sepultadas en el derrumbe de la escuela por el temblor del 19 de septiembre de 2017.
“Se distrajeron acciones y se perdieron horas vitales buscando a una niña que no existía (Frida Sofía), mientras el esposo de doña Reina simplemente no tenía noticias sobre el rescate y tuvo que esperar cinco días afuera del colegio para la entrega”, dijo a Excélsior Noé Franco, uno de los tres representantes legales de los deudos del colegio Rébsamen.
A través de la CNDH, los padres de familia solicitaron a la Marina una lista con los nombres de los elementos que participaron en el rescate, informes de sus actividades y plan de trabajo.
“La Marina no fue capaz de entregar la información solicitada. Ni siquiera tiene registro de cuál fue el personal que envió al rescate”, aseguró Franco.
A pesar de que la Marina llegó al colegio bajo un plan diseñado ante desastres y activado por la administración pasada, lo hizo sin herramientas. Los gatos hidráulicos que levantaron las losas para sacar a los primeros niños vivos aparecieron gracias a que el tío de un alumno acababa de adquirir la maquinaria.
El Plan Nacional de Respuesta MX o Plan MX, según los documentos oficiales, nació para coordinar el trabajo de los diferentes organismos nacionales y reducir así los tiempos de respuesta y minimizar las posibles pérdidas ante desastres inminentes. La iniciativa estaba dirigida para proteger a los mexicanos a lo largo de la emergencia; implicaba una coordinación de varias dependencias bajo un mando único.
“Cuando se preguntó a dependencias federales que llegaron al colegio a realizar las labores de rescate, como la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Policía Federal, PF, ninguna admite haber tomado posición en el centro de mando”, explicó el abogado.
En un informe del 6 de octubre de 2017, la CNDH desglosó las 119 quejas sobre los sismos de septiembre (el 7 con epicentro en Chiapas y el 19 con epicentro en Morelos): 39 por labores de rescate, 34 por solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales, 21 por trabajadores que refirieron en sus centros de trabajo había daños y carecían de dictamen, 13 en contra de prestación de servidores públicos, cinco en contra de la presidenta del DIF de Morelos que colocaba los víveres en bolsas con logos estatales, una relacionada con seguros y esquemas de reparación (Infonavit), entre otras.
Días después de este informe, Luis Raúl Pérez González se presentó en el Senado y aseguró ante medios de comunicación que ya había hablado con algunos padres de familia del colegio Rébsamen y del Tecnológico de Monterrey, Campus Sur, que le demandaban justicia.
“Nos demandan que se esclarezca la verdad, que si hay responsabilidades se finquen y, desde luego, que no se puede devolver la vida de las personas, pero que se tomen las cartas o las medidas correspondientes para evitar hechos futuros en donde se lamenten la pérdida de vidas humanas”, expresó.
Una de las madres del Rébsamen que se han reunido con el ombudsman nacional es Mónica Ortega López, quien interpuso la queja con número de expediente CNDH/2/2017/9306/Q.
Mientras en el colegio ya había una lista con nombres de los 19 niños que murieron, entre ellos el de Dani, de siete años e hija única, Mónica Ortega seguía buscándola en los hospitales cercanos.
“Es inconcebible que haya existido este nivel de desorganización cuando supuestamente había un plan maestro diseñado para desastres y activado por el expresidente Peña Nieto.
“No es posible que ya hubieran identificado a mi hija, mientras yo todavía recorría hospitales”, reclamó.
Mónica lleva casi dos años dándole seguimiento a esta queja interpuesta en la CNDH y en ninguno de los más de 700 días que lleva en esta lucha ha desistido. Honrar la memoria de su niña la mantiene en pie, pero también la esperanza de que en esta resolución se evidencie la falta de protocolos por parte de los gobiernos federales y locales para atender los desastres naturales y que se les obligue a diseñar uno que sí funcione.
“Mi prioridad es que las instituciones de este país, como la Secretaría de la Marina, Sedena, Policía Federal y la SEP reconozcan y entendamos que, por todas las omisiones en las que incurrieron, se desencadenó la tragedia en el Colegio Rébsamen”, puntualizó.
La Secretaría de Educación Pública dejó operar al colegio a pesar de que el edificio violaba el número de pisos permitidos y de que en instalaciones vivían familiares de la directora Mónica García Villegas, cuando está prohibido mezclar en un inmueble una casa habitación y una escuela.
“Espero que si vuelve a suceder una tragedia como la que vivimos en el sismo del 19 de septiembre, todos los mexicanos tengamos la certeza de que el gobierno sí tiene un plan diseñado para que funcione. Todo este camino que he recorrido con la CNDH es básicamente para que nadie vuelva a pasar por el infierno que yo viví”, concluyó Mónica.
Excélsior
