Expreso que al resolver su situación la empresa inmobiliaria deberá dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de las autorizaciones de licencia de las ejecuciones de obra de venta para la realización y construcción del fraccionamiento.
«Sabemos que ya resolvió finalmente su situación financiera y que ya no cayó en quiebra, y que ha concluido el procedimiento de suspensión de pagos, así las cosas, todos los adeudos que tenga serán exigibles, en particular, los adeudos que tenga con el municipio, por impuestos, por derechos, así como las obligaciones derivadas de las autorizaciones de licencia de las ejecuciones de obra de venta para la realización y construcción del fraccionamiento son exigibles», apuntó.
Apolinar Casillas indicó que entre las obligaciones pendientes que tiene la empresa destacan el funcionamiento de los servicios y obras de urbanización, red de drenaje y agua potable, así como los pagos de derechos de agua, derechos de dos pozos, entre otro.
Pese a esta situación, el secretario refirió que la administración no puede forzar la entrega a través de la fianza que fue otorgada al desarrollador cuando se inició el proyecto, ya que esta no tuvo renovación en la administración 2012-2015.
