La Fiscalía de ese país reveló que 2,056 menores fueron víctimas de abuso sexual
En España, en 2017 y 2018 un total de 2,056 casos de abusos contra menores fueron procesados, de acuerdo con un informe de la Fiscalía General del país europeo.
La dependencia pidió que se abra una investigación nacional sobre el abuso sexual de menores en la Iglesia católica, la primera propuesta oficial de este tipo en el país.
En un informe remitido al Ministerio de Justicia, la fiscalía española dice: “se impone… una revisión, actualización y profundo perfeccionamiento de los protocolos, para poder dar así una respuesta más eficaz a tan grave problema”.
El informe, que responde a una petición del gobierno español, advierte que el cuadro es incompleto porque los abusos ocurren en “entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad, donde la detección de los casos presenta dificultades por diversos motivos”.
La fiscalía recomendó también que los abusos sean denunciados directamente a las autoridades, sin pasar por ninguna evaluación interna por parte de los jerarcas de la Iglesia.
Es hora ya de que deje de considerar estos casos como hechos puntuales usando excusas inoportunas. Como cuando pretendían sin éxito social decir que las víctimas buscaban incendiar la Iglesia con sus denuncias”, dijo Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación nacional Infancia Robada.
No realizaremos un informe. Investigaremos los casos que nos comuniquen, pero no iremos con una lupa. No hay datos. ¿Qué hacemos? ¿Coger un túnel del tiempo?”, declaró el 5 de abril el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, consignó el periódico El País.
En diciembre del año pasado, el gobierno del presidente Pedro Sánchez aprobó un proyecto de protección a la infancia, el cual amplía los plazos en los que prescriben los delitos de agresión y abuso sexual contra menor de edad.
Esto porque actualmente, la legislación fija la prescripción en un lapso de cinco años para el abuso y 15 para la agresión sexual.
Holanda y Austria cuentan con medidas similares a las que planteó la Fiscalía para España.
En Australia, una comisión especial trabajó durante cinco años con más de ocho mil víctimas y testigos, de quienes la Iglesia católica había recibido testimonios desde 1980.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal sigue rechazando investigar abusos del pasado.
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