La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará hoy el análisis sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Para invalidar su totalidad o alguno de sus artículos se requiere una mayoría calificada de ocho ministros, de no alcanzarlos, la legislación se mantendrá tal y como está.
La propuesta, que desde hace unas semanas presentó a sus compañeros el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y se propone declarar la invalidez de porciones o la totalidad de 15 artículos de 34 que componen la Ley.
A grandes rasgos, el proyecto señala que la legislación, en su mayoría, no viola la Constitución ni ocasiona una militarización de la seguridad pública del país, siempre y cuando la intervención de las Fuerzas Armadas se limite a situaciones graves y excepcionales, y a petición de los gobiernos locales.
“No sólo es constitucional la participación de las Fuerzas Amadas en auxilio o apoyo de las autoridades civiles, sino que es necesaria para salvaguardar el orden jurídico emanado de la propia ley fundamental. En tiempo de paz los militares están constitucionalmente facultados para auxiliar o apoyar a las autoridades civiles, a petición expresa de ellas y sin usurpar su esfera de competencia”, concluye la propuesta.
Pardo sostiene que la actuación de las Fuerzas Armadas no está condicionada al estallido de una guerra o a una suspensión de garantías pues, como fuerza pública, está constitucionalmente facultada para salvaguardar la seguridad interior.
En su proyecto expone que no sólo es constitucional la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio o apoyo de las autoridades civiles, sino necesaria para salvaguardar el orden jurídico emanado de la Carta Magna.
“Las Fuerzas Armadas pueden aun en tiempos de paz tener funciones distintas a las estrictamente militares, y es que precisamente la disciplina de estas fuerzas, es lo que permite que las mismas actúen en auxilio de las autoridades civiles en situaciones extraordinarias”, señala.
Fuente: Excélsior
