jueves, marzo 28, 2024
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Gobiernos, clientes de facturas pirata; son falsas o alteran costos, alertan

Morena en la Cámara de Diputados arranca esta semana con el análisis para presentar una iniciativa que compare la emisión de facturas falsas con la delincuencia organizada, con multas de por medio y diez años de prisión para los involucrados, ya que existen al menos cinco mil empresas en México que incurren en el ilícito.

“Estamos hablando de la existencia de unas cinco mil células que operan en todo el país, donde los clientes principales son la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México o fueron; gobernadores, dependencias públicas, universidades, es decir, tienen más células que el propio crimen organizado dedicado al tráfico de drogas”, enfatizó el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

En entrevista con Ramírez, dijo que el robo de dinero público a través de facturas falsas es grave, ya que se calcula un desfalco de 300 mil millones de pesos al año pero, advirtió, le parece una cifra conservadora.

Se trata de empresas fantasma, agregó, que “desaparecen como las células del crimen, se constituyen, las ubican, se vuelven a constituir porque tienen mucha demanda, es una demanda que ha crecido, sobre todo por la corrupción que se ha desatado en la administración pública y también de particulares, pero lo más grave es que ya se constituyó en todo un sistema para robarse el dinero, para desviar recursos, para financiar campañas políticas”.

Dijo que se contratan desde supuestas prestaciones de servicios, como asesoría, diseño de logotipos, publicidad, hasta estudios y servicios de logística; a cambio, las empresas expiden o enajenan comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados.

Afirmó que hay empresas que son allegadas a los mismos funcionarios públicos y esto no sólo tiene alcance nacional, sino internacional, como el crimen organizado, por ello se incluirán sanciones para las empresas corruptas y para los funcionarios involucrados.

“Queremos que se inhiba la operación y que se ubique a las empresas y para esto lo que estamos proponiendo es la retención del pago del IVA y del pago del Impuesto Sobre la Renta; es decir, la persona o la institución encargada de la contratación de los servicios tendría que retener una parte del IVA para tener un control por parte del SAT y de esta manera lograr la ubicación de la empresa y su revisión, y al mismo tiempo establecer una modificación al Código Penal”, explicó.

Fuente: Excélsior

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