El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el jueves que 34 gerentes de supermercados fueron arrestados por supuestamente ocultar productos e incrementar los precios, en una última ofensiva del Gobierno contra las empresas en medio de una severa recesión económica.
Maduro prometió el mes pasado un programa de recuperación económica en la nación con multimillonarios recursos petroleros, que enfrenta hiperinflación y profundas distorsiones, decretando un aumento salarial de 60 veces y devaluando la moneda en un 96 por ciento.
El Gobierno, que sufre problemas de liquidez, dijo que cubriría los salarios durante los primeros tres meses para que las empresas no aumenten los precios a pesar de que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, estimó una inflación anualizada de un 200 por ciento.
Medios locales informaron que muchos de los gerentes arrestados trabajan en Central Madeirense, una cadena de supermercados fundada hace unos 70 años por inmigrantes portugueses.
Algunos propietarios de tiendas que dudan que el Gobierno cubra los nuevos salarios han tratado de ajustar sus cuentas aumentando precios y despidiendo a sus empleados, lo que impulsaría un éxodo masivo que ya suma más de 2 millones de personas.
Economistas dicen que las reformas de Maduro no abordan los problemas de raíz de Venezuela, como el control del tipo de cambio y la creación excesiva de dinero, lo que afirman podría desestabilizar aún más la economía venezolana.
El mandatario dijo que Venezuela comenzaría a usar en octubre el Petro, una criptomoneda que lanzó este año, para las transacciones comerciales internacionales. Sin embargo, un reciente reporte especial de Reuters mostró que el Petro no es un instrumento financiero funcional, lo que sugiere que Caracas tendrá dificultades para que sea aceptado en el exterior.
Maduro también arremetió contra los bancos y le dio 48 horas para «liberar» el dinero que estaban acumulando. Venezuela ha tenido problemas para imprimir suficiente dinero físico, creando una escasez crónica de efectivo que el gobierno ha atribuido a negocios y «mafias» que operan en la vecina Colombia.
Fuente: Excélsior
