El pleno del congreso local aprobó reformas a la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado, para armonizar con la Ley General de Comunicación Social, que busca transparentar el uso de recursos públicos en la contratación de publicidad gubernamental.
En sesión de pleno de la quincuagésima octava legislatura local, se aprobaron con 20 votos a favor y uno en contra, reformas a la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, para armonizar con la Ley General de Comunicación Social, aprobada en el senado de la república en mayo pasado.
Esta normativa refiere que la Secretaría de Gobernación del Estado realizará un padrón de medios de comunicación, solo los que se encuentren en esta lista, podrán ser tomados en cuenta para la contratación de comunicación social, propaganda y publicidad de las dependencias públicas; aunque no refiere que forzosamente serán beneficiados con algún contrato.
Así también, establece la obligatoriedad para que los entes públicos pongan a disposición de los ciudadanos los gastos desglosados derivados de la contratación de publicidad, que incluya, entre otros puntos, proveedores, contrataciones, y pagos realizados.
También se contempla que estos entes publicarán en su portal de transparencia un informe semestral, además de que la Secretaría Administradora, realizará uno de manera bimestral.
En este sentido, el presidente de la comisión de planeación y presupuesto, donde previamente fue aprobada la iniciativa, indicó que lo que se persigue es que exista transparencia y honradez en el presupuesto que se destina para estos conceptos.
“Tenemos una obligación legal que nos marca la ley federal, a través de una aprobación de la cámara de diputados, es una ley que normó el párrafo octavo del artículo 34 de la constitución, en donde ya dio lineamientos de control, gasto y ordenamiento para la contratación, a través de los medios de comunicación, llámese publicidad o propaganda”, dijo.
En cuanto a las sanciones por el incumplimiento de la ley, Salas González externó que estarán a cargo de la Contraloría del Estado, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa o en su caso la Fiscalía Anticorrupción del Estado, según lo amerite la falta.
Tanto a nivel federal como en lo local, la ley entrará en vigor el 1ro de enero de 2019.
Durante el desarrollo de la sesión, también se aprobó la derogación de diversas disposiciones del Código Penal para el Estado, con el fin de que el secuestró y la tortura ya no sean delitos locales, sino que sean entendidos a nivel federal.
Otra reforma aprobada, fue la que se realizó a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado a modo de atribuirle la función de destrucción de narcóticos y productos sujetos a derechos de autor, cuando estos sean decomisados.
Así mismo, durante la sesión se dio cuenta de la solicitud de licencia definitiva de la diputada priista María Alemán, a partir del 28 de agosto, ello para desempeñar como integrante de la cámara de diputados, instalándose formalmente la nueva legislatura el próximo 29 de agosto, y posteriormente dar inicio al periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre; para culminar la legislatura quedará su suplente Lucia Cevallos.
Por: Anna Ledezma
