A dos años de una nueva forma de perseguir y juzgar delitos en México gracias a la reforma de hace una década y mediante la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en nuestro país, especialistas coinciden en que existen serios riesgos ante la falta de capacitación de fiscalías y policías, así como deficiencias institucionales.
Para María Novoa, actualmente “tenemos una gran debilidad, no tenemos a nadie que esté haciendo un seguimiento o evaluación desde la autoridad, integral y sistemático, de lo que está pasando en la operación del sistema penal acusatorio”.
En el último año se amplió el debate sobre los beneficios fuera de prisión para procesados por delitos no graves dentro del Sistema de Justicia e, incluso, se ha hablado sobre el tema de la llamada “puerta giratoria” para los delincuentes.
Desde el Congreso de la Unión también se han presentado llamados para modificar el catálogo de delitos graves e incluir de nueva cuenta el de la portación de armas como uno de ellos para evitar que los imputados abandonen la cárcel.
Ante esto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío se ha pronunciado en reiteradas ocasiones porque sería una regresión ampliar el catálogo de delitos graves dentro del Sistema de Justicia Penal como organizaciones y funcionarios han planteado.
También, el consejero de la Judicatura Federal, José Guadalupe Tafoya, lamentó en un discurso que existan voces que cuestionen la operación del Sistema de Justicia Penal y apuestan a su descarrilamiento.
Sostuvo que la sociedad en general debe recordar que el SJP se encuentra en proceso de consolidación y que día a día impulsa un cambio cultural que implica abandonar un formato arcaico de impartir justicia, el cual prevaleció por más de cien años.
En el transcurso de la semana diversas agrupaciones de la sociedad civil presentarán sus análisis y conclusiones sobre la operación del Sistema de Justicia Penal como el reporte del World Justice Project sobre los efectos del mismo.
Fuente: Excélsior
