El candidato a la alcaldía de la capital por el PRI-PVEM, la municipalización del agua, así lo dio a conocer durante su encuentro con integrantes del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. Francisco Pérez Rojas, candidato a la alcaldía de la capital por la coalición «Por un Querétaro Seguro» (PRI-PVEM) presentó sus propuestas ante integrantes del Colegio de Arquitectos del Estado, donde anunció que en próximos días dará a conocer un estudio sobre la viabilidad de la municipalización del agua.
El candidato señaló que existe facultad del municipio para administrar este bien; sin embargo se ha dado la posibilidad a particulares de operarlo y mencionó los casos de El Refugio y Juriquilla, situación que dijo no debe permitirse pues no ofrecen un buen servicio y se han convertido en los entes que dan la factibilidad del agua.
«Si ustedes quieren construir en alguna de esas zonas, la factibilidad del agua ya no se las da el CEA, ya no se las da el municipio, se las da la voluntad de un particular, entonces estamos rompiendo el principio básico de la igualdad de participación de quien quiera desarrollar, si no hay una opción o una respuesta viable, estamos haciendo un estudio y vamos a dar conocer pronto la viabilidad de poder buscar la municipalización del agua como en San Juan del Río», apuntó.
Destacó que regular el agua por parte del municipio es una facultad reconocida en la Constitución y la propuesta considera las demandas de las personas en cuanto a la escacez de este recurso en distintos lugares.
Durante el encuentro también se comprometió a escuchar las opiniones de los arquitectos y los expertos en el plan de obra, a crear un reglamento municipal de obra pública, establecer una partida presupuestal a proyectos desde el inicio de su gestión, asignar el 93% de la obra pública a las empresas locales, así como considerar la participación de los arquitectos en la inspección y verificación de los trabajos que se realicen en el municipio.
Francisco Pérez expresó que de verse favorecido con el voto el próximo 1 de julio revisaría los cambios de uso de suelo y se impondrían sanciones a quienes por medio de estas acciones hayan recibido un beneficio.
